La Justicia ordenó allanamientos en dos domicilios vinculados a la médica Chantal “Tati” Leclercq, en el marco de la causa por la muerte del doctor Zalazar. Se secuestraron teléfonos y una tablet para analizar las comunicaciones previas al fallecimiento.
La investigación judicial por la muerte del anestesiólogo Alejandro Zalazar, ocurrida el 20 de febrero en su departamento de Palermo, registró un avance significativo. En las últimas horas, la Justicia ordenó allanamientos en dos domicilios vinculados a Chantal “Tati” Leclercq, la médica cuyo nombre figura en la causa por sus vínculos personales con los protagonistas del caso.
Los procedimientos se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires y en el barrio privado Santa Bárbara, en Tigre. Las autoridades secuestraron dispositivos electrónicos, incluidos un teléfono celular y una tablet, que ya se encuentran bajo análisis pericial. El objetivo es recolectar evidencia y reconstruir el contexto comunicacional y personal previo al deceso del médico.
La causa, caratulada como averiguación de muerte dudosa, corre en paralelo a la que investiga el robo y consumo recreativo de fármacos anestésicos en el Hospital Italiano, donde Delfina Lanusse y Hernán Boveri enfrentan cargos formales. Tanto Lanusse como Leclercq estuvieron presentes en el departamento de Zalazar junto a otros allegados en el momento en que la hermana del médico y su pareja ingresaron al inmueble.
Uno de los puntos críticos que analiza el fiscal Eduardo Cubría junto al juez Santiago Bignone es la manipulación de los dispositivos electrónicos hallados en la escena. Un testigo declaró haber visto a Leclercq manipular el teléfono celular de Zalazar cuando aún estaban dentro del departamento. Desde la Justicia aclararon que, por ahora, no existen pruebas de que el aparato sufriera alteraciones o borrado de información. El teléfono de la víctima está bajo peritaje, mientras que el de Leclercq permanece inaccesible por falta de clave, una circunstancia considerada habitual en estos procesos.
Respecto a los elementos hallados en el lugar, la Justicia confirmó la presencia de ampollas de propofol y midazolam, pero desestimó la versión inicial sobre la presencia de ketamina. La trazabilidad de estos fármacos es otro eje central, aunque los investigadores reconocen obstáculos significativos para su seguimiento, comparando el rastreo con “intentar encontrar dónde se compró una botella de gaseosa” debido a la gran distribución de los lotes.
El análisis toxicológico para determinar las causas exactas de la muerte sigue pendiente. Mientras tanto, el equipo judicial aguarda el informe técnico del teléfono de Zalazar, previsto para la próxima semana, el cual podría revelar si su última comunicación fue con Leclercq. Este dato es considerado vital para esclarecer la secuencia final de los eventos y su posible conexión con el circuito ilegal de anestésicos bajo sospecha.