En medio de una escalada de tensiones con la prensa, el Ejecutivo decidió suspender las acreditaciones de todos los cronistas que cubren la Casa Rosada, a la espera del avance de una causa judicial por presunto espionaje.
El Gobierno nacional dispuso desde hoy la prohibición del ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada, según confirmaron fuentes oficiales. La medida alcanza a los medios que tienen cronistas trabajando diariamente en Balcarce 50.
Las razones esgrimidas por el Ejecutivo son dos: la necesidad de profundizar la investigación sobre una presunta infiltración rusa en medios de prensa —que ya había restringido el acceso de periodistas de siete medios durante más de dos semanas— y la denuncia penal contra dos periodistas del canal Todo Noticias por presunto espionaje ilegal, tras la difusión de filmaciones de los pasillos e interiores de la Casa de Gobierno.
“Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal”, señalaron fuentes oficiales, y supeditaron la continuidad de los permisos hasta que avance la causa judicial contra los periodistas de TN. “Se dejó sin efecto la prórroga de la acreditación 2025, y hasta que no se esclarezca el tema de los videos, no se va a permitir el ingreso a ningún periodista”, agregaron, aunque aún no se emitió un comunicado oficial.
Se trata de una medida con pocos antecedentes. La sala de periodistas de la Casa Rosada se mantuvo abierta durante períodos democráticos e incluso durante gobiernos de facto. Ayer, el Gobierno, a través de la Casa Militar —el órgano mixto encargado de la custodia de la Casa Rosada y la residencia oficial de Olivos—, denunció penalmente a dos periodistas de TN luego de que se difundiera una filmación hecha en el interior de la sede de gobierno. Para las autoridades, podría haber delitos vinculados a la divulgación de secretos políticos y militares y cuestiones de seguridad nacional.
La Casa Militar depende de la Secretaría General de Presidencia, a cargo de Karina Milei, pero desde la sede de gobierno indicaron que la decisión de presentar la denuncia fue directamente de los responsables del área, encabezada por el general de Brigada Sebastián Ibáñez. El presidente Javier Milei, que se encontraba de viaje en Israel cuando se publicó el material, se hizo eco de lo sucedido a través de su cuenta en la red social X, donde escribió: “BASURAS REPUGNANTES. Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables. CIAO!”.
La denuncia, a la que tuvo acceso LA NACION, se realizó luego de la emisión del programa “Y mañana qué”, conducido por Luciana Geuna, el domingo último, en el que se mostraron diferentes áreas de uso común del palacio de gobierno. La presentación recayó por sorteo en el juzgado federal N°4 de Comodoro Py, a cargo del juez Ariel Lijo. La denuncia fue hecha por Ibáñez y consta de nueve páginas. Además de Geuna, la acusación alcanzó a Ignacio Salerno, periodista acreditado por TN en la Casa Rosada, a quien se le suspendió la acreditación, al menos momentáneamente.
Con la denuncia se asegura que se “procura poner en conocimiento de la autoridad judicial el despliegue de actividades subrepticias e ilegales dentro de la Casa de Gobierno”. Se alude a que, “bajo meros pretextos de interés público, los periodistas denunciados se ufanaron de haber burlado la seguridad presidencial, lo cual expuso a los funcionarios a riesgos injustificados y, probablemente, generó las condiciones para revelar secretos de Estado relacionados con la rutina del señor Presidente y el funcionamiento del Poder Ejecutivo Nacional”.
Para las autoridades de Casa Militar, “la intromisión, exhibida de forma temeraria en televisión y redes sociales, se apartó groseramente de la reglamentación aplicable”, tras lo que citaron la Resolución 1319 del año pasado de la Secretaría de Comunicación y Medios, y señalaron que también se apartó “de los estándares de buena práctica profesional correspondientes a la labor de los cronistas acreditados en la Casa Rosada”.