La empresa NEFIR S.A. y Editorial Amfin S.A., responsables del diario Ámbito Financiero, presentaron un recurso de amparo para que la Justicia obligue al Gobierno a levantar la restricción que impide el ingreso de sus periodistas a la Casa Rosada, tras la prohibición general dictada el jueves.
Este viernes 24 de abril, las empresas NEFIR S.A. y Editorial Amfin S.A., editoras del diario Ámbito Financiero, presentaron un recurso de amparo ante la Justicia solicitando que se restablezca el acceso de sus periodistas Liliana Franco y Cecilia Camarano a la Casa Rosada. La medida judicial se da luego de que el Gobierno nacional decidiera, el jueves 23 de abril, suspender el ingreso de todos los periodistas acreditados en la sede del Poder Ejecutivo, una decisión sin precedentes desde el retorno de la democracia.
La restricción fue justificada por el Ejecutivo como una medida de seguridad nacional, vinculada a una denuncia penal de la Casa Militar por presunto espionaje ilegal contra periodistas de Todo Noticias (TN), quienes habrían filmado zonas comunes del edificio con lentes inteligentes sin autorización oficial. El Gobierno eliminó los ingresos con huella digital y retiró los permisos de acceso a todos los acreditados, paralizando la actividad en la sala de prensa presidencial.
En su presentación judicial, Ámbito Financiero sostiene que la medida es desproporcionada, ya que, incluso si existiera una conducta irregular individual —bajo investigación judicial—, no es razonable aplicar la sanción de manera generalizada a todos los periodistas y medios. El amparo señala que se vulneran derechos constitucionales básicos como el acceso a la información pública y la libertad de expresión.
El caso se enmarca en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno de Javier Milei y la prensa, con discursos oficiales hostiles y revocaciones selectivas de acreditaciones. Organismos del sector advirtieron sobre el impacto institucional de cerrar el principal ámbito de cobertura del Poder Ejecutivo. Mientras tanto, diputados de la oposición exigen explicaciones formales y podrían activar la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara Baja.
Desde el Ejecutivo, funcionarios cercanos a la Casa Rosada señalaron —según la Agencia Noticias Argentinas (NA)— que la restricción es transitoria y no implica censura, mientras se realizan verificaciones internas. El amparo presentado por Ámbito Financiero pone ahora la discusión en manos de la Justicia, que deberá determinar si el cierre de la Casa Rosada a la prensa constituye una restricción ilegítima de derechos constitucionales.