El expresidente del Banco Central de Bolivia y otros tres exaltos cargos fueron detenidos por presuntas operaciones de canje de bonos que habrían causado pérdidas por US$142,3 millones al Estado. El caso surge en medio de una crisis económica y una investigación por corrupción.
El expresidente del Banco Central de Bolivia y otros tres antiguos altos cargos de la entidad fueron detenidos el martes por presuntas operaciones de canje de bonos infladas que le costaron al Estado unos US$142,3 millones. Las detenciones se producen en un contexto de crisis económica en Bolivia, con escasez de dólares y combustible subvencionado, que el presidente Rodrigo Paz atribuye a la corrupción acumulada durante dos décadas de gobierno socialista.
Los cuatro sospechosos, entre ellos el exdirector Edwin Rojas, niegan haber cometido delito alguno, según sus abogados. La fiscalía investiga a un total de siete personas. De acuerdo con el viceministro de Transparencia, Yamil García, entre junio y julio de 2024, tras una modificación de normas internas del Banco Central, los funcionarios realizaron siete operaciones de canje de deuda con entidades financieras locales a precios inflados. García afirmó que los registros de precios fueron alterados posteriormente siguiendo instrucciones enviadas por correo electrónico interno para ocultar la sobrevaloración, aunque no especificó quién dio la orden ni quién modificó los datos.
Roger Banegas, quien fue director del Banco Central entre 2019 y 2020 y no participó en las transacciones, señaló que las operaciones buscaban canjear deuda en moneda extranjera por deuda local, pero resultaron en pérdidas al pagar precios superiores a los del mercado a las contrapartes. Entre las contrapartes figuran el Banco Mercantil Santa Cruz, el Banco Bisa, La Vitalicia Seguros y Reaseguros y La Boliviana Ciacruz, filial de Zurich Allied AG, según declaró el fiscal anticorrupción Miguel Cardozo. Ninguna de las instituciones respondió a solicitudes de comentarios, y el Banco Central tampoco emitió un comunicado oficial.
Las autoridades tomarán declaración a ejecutivos de las entidades financieras involucradas y podrían citar al exministro de Finanzas Marcelo Montenegro, entre otros. García indicó que el caso surgió de una auditoría de la nueva administración del Banco Central publicada en marzo, y que se realizan auditorías adicionales sobre posibles malas gestiones en operaciones con la administradora estatal de fondos de pensiones Gestora Pública, incluyendo una transacción de bonos soberanos por US$250 millones en 2024 y ventas a plazo de 6,6 toneladas de oro en 2025.