Una semana después del cierre de la Sala de Periodistas en Casa Rosada, senadores y diputados opositores impulsan medidas legislativas y reuniones para garantizar el acceso a la información y la libertad de prensa.
Una semana después de que el gobierno de Javier Milei cerrara la Sala de Periodistas de la Casa Rosada, sin resolución oficial, sin plazo y sin explicación formal, la oposición en el Congreso mostró una doble respuesta. En el Senado, tres senadores del bloque Convicción Federal presentaron un proyecto de ley para convertir en obligación jurídica la existencia de salas de prensa en los tres poderes del Estado. En la Cámara de Diputados, la oposición autoconvocó la Comisión de Libertad de Expresión con la presencia de periodistas, organizaciones del sector y directivos de medios. Ni el oficialismo ni sus aliados participaron en ninguno de los dos escenarios.
La iniciativa legislativa lleva las firmas de la senadora nacional Carolina Moisés, presidenta de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, del catamarqueño Guillermo Andrada y de la tucumana Sandra Mendoza. El proyecto propone modificar la Ley de Acceso a la Información Pública N° 27.275 para incorporar Salas de Prensa Institucionales permanentes en la Casa de Gobierno, el Palacio del Congreso y la Corte Suprema. El texto establece que esos espacios no podrán ser reemplazados por modalidades virtuales ni sedes alternativas, y prohíbe expresamente la revocación masiva de acreditaciones. Cualquier restricción deberá ser individual, motivada y revisable judicialmente.
Para Moisés, el proyecto apunta a resolver una contradicción de fondo: que algo tan central para el funcionamiento democrático haya dependido siempre de la voluntad del gobierno de turno. “Cuando el poder decide quién puede preguntar y quién no, deja de informar y empieza a ocultar”, sostuvo la senadora jujeña al presentar la iniciativa.
La reunión en Diputados fue impulsada por los vicepresidentes de la Comisión de Libertad de Expresión, Nicolás Trotta (Unión por la Patria) y Lourdes Arrieta (Provincias Unidas), luego de que su presidente, el libertario Guillermo Montenegro, se negara a convocarla formalmente. El encuentro no figuró en la agenda oficial de la Cámara y fue transmitido por YouTube en modo “oculto”: solo accesible para quienes tenían el link directo. El secretario de Comunicaciones, Javier Lanari, y el responsable de la Oficina de Respuesta Oficial, Juan Pablo Carreira, fueron invitados y confirmaron que no asistirían.
El clima de la reunión estuvo marcado por el episodio ocurrido apenas 24 horas antes: al retirarse del Congreso tras la sesión informativa de Manuel Adorni, Milei llamó “chorros y corruptos” a periodistas acreditados en el Parlamento. FOPEA presentó su monitoreo 2025: las acciones judiciales contra la prensa crecieron un 150%, el discurso estigmatizante un 71,6% y las restricciones al acceso a la información un 33%. La entidad también informó que impulsa una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evaluar la situación en el país.
“No es un problema sectorial, es un problema de la democracia”, advirtió Trotta, quien también cuestionó el “silencio” de bloques que antes hacían de la libertad de prensa una bandera. Jonathan Heguier, de El Destape, periodista acreditado en Casa Rosada, aportó datos: el 70,5% de los periodistas cobra por debajo de la línea de pobreza en su empleo principal; el 43% se mantiene en esa situación aun sumando todos sus trabajos; y apenas el 4,8% puede vivir con un único ingreso periodístico. “Seguimos en un limbo. No hay una comunicación formal sobre esto”, resumió.
Natasha Niebieskikwiat, de Clarín, puso el conflicto en perspectiva: “Estamos ante la peor situación que yo haya vivido en la democracia”. Liliana Franco, de Ámbito, pidió que el Poder Legislativo tome partido: “Lo que no acepto es que la más alta autoridad de un país diga que el 95% del periodismo son corruptos, chorros, basuras humanas”. Desde el plano laboral, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires advirtió que el Estatuto del Periodista Profesional vence a fin de año y alertó sobre la contradicción de repudiar la violencia oficial mientras se vota la derogación de sus garantías laborales.
Agustín Bosch, abogado de Jorge Fontevecchia (PERFIL), cuestionó con dureza los ataques de Milei contra la prensa y sostuvo que “este atropello del presidente a la libertad de expresión y, concretamente, a la libertad de prensa es ya evidente en toda Argentina”.