En medio de una tensa situación financiera, prestadores de la obra social de los jubilados implementan una medida solidaria para evitar cierres masivos de clínicas y farmacias en todo el país.
En un contexto de creciente tensión financiera, prestadores del PAMI han lanzado un bono solidario con el objetivo de evitar cierres masivos de establecimientos de salud. La medida surge como respuesta a la demora en los pagos por parte de la obra social, que ha generado una situación crítica en clínicas, sanatorios y farmacias de todo el país.
Según fuentes del sector, el circuito administrativo de facturación impone plazos que van de 85 a 105 días para que los prestadores cobren sus servicios. Este esquema, que históricamente se sostenía con capital propio, se ha visto interrumpido, generando una acumulación de deudas que pone en riesgo la continuidad de la atención médica para los jubilados.
Desde el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, indicaron que solo se adeudan los pagos correspondientes a mayo y negaron la existencia de una deuda mayor. Sin embargo, prestadores y municipios consultados reportan atrasos en facturas de marzo, abril y mayo, que en algunos casos superan los 1.271 millones de pesos.
El valor de la cápita actual del PAMI se fijó en 13.894,23 pesos por afiliado, una cifra que, según especialistas, resulta insuficiente para cubrir internaciones o intervenciones de alta complejidad. Esto ha llevado a que muchos jubilados deban optar entre especialidades médicas o medicamentos.
Ante este panorama, algunos intendentes han denunciado un posible plan de asfixia para trasladar responsabilidades a las provincias. En Córdoba, por ejemplo, se duplicó la producción del Laboratorio de Especialidades Medicinales para garantizar el acceso a remedios. El cierre del Sanatorio Sudeste en Marcos Juárez es citado como un ejemplo del impacto de la crisis.