La ANSV estableció que toda persona que capacite para obtener la licencia de conducir motos deberá contar con una certificación oficial, que incluye examen teórico y práctico.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) puso en marcha este 12 de mayo de 2026 la Matrícula Nacional de Instructores de Conducción de Motovehículos. La medida, oficializada mediante una disposición del organismo, estableció que toda persona que brinde capacitación para la obtención de la licencia de conducir motos deberá contar con esta certificación oficial.
El registro integró a los instructores de escuelas privadas y de centros de emisión de licencias en una base de datos centralizada. El proceso de matriculación incluyó un examen teórico y práctico obligatorio. Los aspirantes debieron demostrar conocimientos en normativa de tránsito, mecánica básica y técnicas de conducción segura.
Esta política respondió a la necesidad de profesionalizar la enseñanza en un sector donde el parque automotor de dos ruedas creció un 15% en el último bienio. “Buscamos que quien enseña a conducir una moto tenga las herramientas necesarias para transmitir conceptos de seguridad que salvan vidas”, explicaron desde la Secretaría de Transporte.
El programa fijó contenidos mínimos de formación que antes quedaban sujetos al criterio de cada municipio. Los instructores matriculados recibieron una credencial con código QR que validó su habilitación ante las autoridades de control. Los candidatos debieron presentar un certificado de antecedentes penales y no registrar sanciones graves en su historial de conducción. La normativa exigió una antigüedad mínima de tres años con licencia de conducir de la categoría correspondiente.
Además, el curso de formación incluyó módulos sobre primeros auxilios y psicología del conductor, orientados a reducir la siniestralidad vial en áreas urbanas. El sistema de capacitación se dividió en etapas virtuales y presenciales para garantizar el alcance federal. Los instructores que ya ejercían la actividad tuvieron un plazo de 180 días para regularizar su situación y rendir los exámenes de nivelación.
La ANSV advirtió que las escuelas de conductores que no empleen personal matriculado enfrentarán multas y posibles clausuras. La siniestralidad en motos representó el 40% de las víctimas fatales en accidentes de tránsito durante el año pasado. El gobierno nacional enfocó la nueva regulación en la prevención y la técnica de frenado, puntos críticos identificados en los informes de accidentología.
La matrícula tuvo validez nacional, lo que permitió a los instructores desempeñar sus tareas en cualquier provincia adherida a la Ley Nacional de Tránsito. El Consejo Federal de Seguridad Vial coordinó con los gobernadores la implementación de centros de evaluación regionales. Esta red permitió que los capacitadores de zonas alejadas de la Capital Federal accedieran a la formación sin necesidad de traslados prolongados.
El manual de contenidos para instructores incorporó el uso obligatorio de elementos de protección personal durante todas las fases de enseñanza. “La matrícula no es un trámite administrativo, sino un estándar de calidad pedagógica”, afirmó el comunicado oficial de la cartera de transporte. La fiscalización de las academias quedó a cargo de los cuerpos de inspectores locales bajo supervisión federal.
Los registros de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automóvil (DNRPA) indicaron que las ventas de motos de baja cilindrada lideraron el mercado. Esta tendencia incrementó la demanda de cursos de conducción por parte de jóvenes que accedieron a su primer vehículo. La nueva matrícula garantizó que estos usuarios recibieran instrucción por parte de profesionales debidamente evaluados.
El plan de seguridad vial contempló la actualización bienal de la matrícula para asegurar que los instructores se mantuvieran al tanto de los cambios en las leyes de tránsito. Las capacitaciones se realizaron en predios habilitados que cumplieron con dimensiones mínimas para realizar pruebas de equilibrio y zig-zag. El Ministerio de Economía destinó una partida presupuestaria específica para el equipamiento de los centros de formación públicos.