Enrique Díaz Vega, ex secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, habría sido detenido en Europa y acordó entregarse a autoridades estadounidenses, según fuentes de seguridad. Está acusado junto al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y otros funcionarios por vínculos con el narcotráfico.
Enrique Díaz Vega, ex secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, habría sido detenido en Europa y acordó entregarse de forma inmediata a autoridades estadounidenses, según informaron agencias de seguridad de Estados Unidos de manera extraoficial.
Díaz Vega, de 50 años, figura dentro de la acusación formal presentada ante el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York junto al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros ocho funcionarios y exfuncionarios del estado. Los cargos incluyen conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. La sentencia mínima es de 40 años de prisión; la máxima, cadena perpetua.
En la acusación formal del gobierno de Estados Unidos emitida por el Distrito Sur de la Corte de Nueva York, se establece que el vínculo entre líderes del narcotráfico y las autoridades señaladas habría funcionado como un canal directo de comunicación, a través del cual los Chapitos transmitían mensajes a Rocha Moya.
Según la acusación, Díaz Vega habría actuado como enlace entre Rocha Moya y los líderes de los Chapitos —la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Antes de las elecciones estatales de junio de 2021, se habría reunido con Iván y Alfredo Guzmán Salazar para entregarles nombres y direcciones de los oponentes de Rocha Moya para que pudieran ser intimidados y obligados a retirarse de la contienda.
De acuerdo al documento, esta estrategia tenía como objetivo proteger las operaciones de tráfico de drogas y garantizar la permanencia de intereses criminales en el aparato estatal.
El documento señala a Díaz Vega de haber colocado, junto a Enrique Inzunza Cázarez, a funcionarios corruptos en puestos clave del gobierno estatal para proteger las operaciones de tráfico de drogas de los Chapitos.
Según los señalamientos en el documento, durante el mandato de Rocha Moya, el rol de Díaz Vega e Inzunza Cázarez no se limitó a la gestión administrativa, sino que incluyó también la coordinación de acciones y el flujo de información sensible entre la organización criminal y el gobierno estatal. La acusación sostiene que ambos fungieron como enlaces directos, con un nivel de implicación que trasciende el mero encubrimiento.
De acuerdo a las acusaciones de Estados Unidos, la relación de colaboración entre el crimen organizado y el gobierno sinaloense se extendió desde los preparativos electorales hasta la gestión diaria del gobierno, con el objetivo de consolidar la influencia de los Chapitos y blindar sus operaciones ante el escrutinio de las autoridades federales y estatales, lo que sugiere una simbiosis entre el poder político y el narcotráfico en Sinaloa.
Gerardo Mérida Sánchez, general retirado y exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, fue arrestado en Estados Unidos acusado de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa, específicamente de la facción conocida como “Los Chapitos”, a cambio de proteger sus operaciones ilícitas. El arresto ocurrió el 11 de mayo en Arizona, tras entregarse voluntariamente a las autoridades estadounidenses. A pesar de que poco antes un juez federal en Michoacán le concedió un amparo para frenar su detención y posible extradición, el exfuncionario ya había ingresado a EE.UU voluntariamente por la garita de Nogales, tras salir de Hermosillo, Sonora. De inmediato fue trasladado a Nueva York, donde enfrentará a la justicia estadounidense y compartirá prisión con Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa.
El pasado 1 de mayo, la Fiscalía General de la República rechazó proceder con las detenciones provisionales solicitadas por Estados Unidos. El anuncio fue presentado por Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), quien compareció junto al fiscal Ulises Lara López. Jiménez Vázquez explicó que la solicitud emitida corresponde a un mecanismo preventivo y no a un trámite formal de extradición. “No hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el porqué de la urgencia”, declaró el funcionario.