El 7 de junio de 2025, un menor de edad disparó contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en Bogotá. El político falleció el 11 de agosto. El caso reabrió el debate sobre la responsabilidad penal de los menores y el reclutamiento de niños por parte de grupos armados.
El 7 de junio de 2025, en el parque El Golfito, en Bogotá, un menor de edad disparó contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Tras varias semanas de atención médica en la Clínica Santa Fe, Uribe Turbay falleció el 11 de agosto de 2025.
El autor del ataque confesó que inicialmente creyó que recibiría un pago millonario por el crimen, pero luego comprendió que había sido utilizado en una misión suicida. Fue condenado a siete años de internamiento, en el marco del sistema de responsabilidad penal para adolescentes de Colombia, que no contempla condenas penales para menores sino medidas de reintegración social.
La investigación del caso identificó a Elder José Arteaga Hernández, alias “El Costeño”, como el responsable de instrumentalizar al menor y a otros adolescentes para cometer delitos, bajo la premisa de que las sanciones para menores serían breves.
El uso de menores para actividades delictivas no es nuevo en Colombia. Durante la guerra contra el cartel de Medellín, los lugartenientes de Pablo Escobar empleaban el término “suizo” para referirse a jóvenes de estratos bajos que aceptaban misiones letales a cambio de beneficios económicos para sus familias. En la historia del país, menores o jóvenes de hasta 20 años participaron en los asesinatos de Rodrigo Lara Bonilla, Carlos Pizarro y en el atentado al vuelo 203 de Avianca.
Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), más de 18.000 menores han sido reclutados por grupos guerrilleros. Las Fuerzas Militares han realizado bombardeos en campamentos donde se encontraban menores reclutados, lo que ha generado disculpas públicas por parte de ministros de Defensa.
Un año después del atentado, el debate sobre las penas para menores que cometen delitos graves continúa. En Guaviare, un combate entre disidencias de “Iván Mordisco” y “Calarcá” dejó 11 menores muertos. La Defensoría del Pueblo y otras organizaciones han rechazado el uso de niños en la guerra. El Ministerio de Defensa estima que cerca del 37% de los combatientes de las disidencias son menores de edad.
Entre las estructuras armadas que reclutan menores se encuentra la Segunda Marquetalia, dirigida por “Iván Márquez”, grupo que retomó las armas tras la firma del acuerdo de paz y desde donde se cree que se ordenó el asesinato de Miguel Uribe Turbay.