Una acompañante terapéutica fue imputada este jueves por el Ministerio Público Fiscal de Río Negro por su presunta participación en un esquema de estafas contra la Obra Social IPROSS. Se la acusa de no haber concretado tareas con pacientes del Establecimiento de Salud Mental Valle Sereno-San Cirano S.A. de General Roca.
Una acompañante terapéutica fue imputada este jueves por la mañana por el Ministerio Público Fiscal de Río Negro por supuestamente haber participado del esquema de estafas que habría perjudicado a la Obra Social IPROSS. En concreto, se la acusa de no haber concretado tareas con pacientes del Establecimiento de Salud Mental Valle Sereno-San Cirano S.A. de General Roca.
La acusación fiscal detalló que son 21 hechos en total bajo investigación, que presuntamente ocurrieron entre noviembre de 2021 y julio de 2023. Según la fiscal adjunta Gimena Ducca, la imputada habría participado en una maniobra de defraudación contra la obra social.
Según constataron, la acusada se desempeñaba como acompañante terapéutica y está sospechada de haber conformado la estructura junto a un médico clínico y psiquiatra, una licenciada en psicología y otros profesionales del equipo.
Por este motivo, la acompañante terapéutica fue imputada como partícipe necesaria de “estafas reiteradas agravadas por haber sido cometidas en perjuicio de la administración pública”. Frente a esto, el defensor penal público Juan Pablo Chirinos no presentó objeciones a la formulación de cargos y solicitó una pericia caligráfica.
A raíz de esto, el juez de Garantías tuvo por imputados los cargos conforme a lo requerido por el Ministerio Público Fiscal de Río Negro. Asimismo, fijó una etapa de investigación penal preparatoria con un plazo máximo de cuatro meses.
De acuerdo con el equipo fiscal, los tres profesionales habrían falsificado historias clínicas, planillas de asistencia y registros de pacientes. De esta manera, se habrían incluido de manera ficticia a pacientes ambulatorios bajo la modalidad especial de “Hospital de Día”.
A partir de esto, habrían facturado y cobrado contraprestaciones que nunca se brindaron realmente a los afiliados de IPROSS. Incluso, apuntaron que el monto facturado era superior al habitual, al tratarse de un módulo diferenciado y específico.
En línea con esto, la investigación reveló que los sospechosos habrían completado, firmado y remitido las planillas y documentación a la administración de San Cirano S.A. Luego de esto, la presidente del establecimiento las elevaba al Departamento de Rendiciones Médicas y Sanatoriales de la obra social perjudicada. Este procedimiento permitía que se crearan expedientes de pago a favor del prestador, los cuales eran aprobados y cobrados.
En el sustento probatorio de la imputación se incluyó la denuncia penal realizada en mayo de 2024 por la obra social ante la Fiscalía General, el expediente administrativo de IPROSS y del establecimiento. Además, se consideraron entrevistas tomadas en sede fiscal y el informe de los profesionales que trabajaron en la institución entre noviembre de 2021 y diciembre de 2023.
Por último, se sumaron los informes técnicos contables elaborados por la Unidad de Asistencia a la Investigación Fiscal del Ministerio Público, órdenes de pago, informes de la O.I.Tel y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y la habilitación del establecimiento ante el Ministerio de Salud de Río Negro.