Un informe del Tribunal de Cuentas Europeo advierte que los 43.000 millones de euros del fondo de recuperación destinados a eficiencia energética en viviendas no logran los ahorros previstos, al priorizar reformas rápidas sobre rehabilitaciones profundas.
El Tribunal de Cuentas Europeo informó este martes que los 43.000 millones de euros del fondo europeo de recuperación asignados a mejorar la eficiencia energética de viviendas no están alcanzando los mayores ahorros posibles. Según el organismo, la financiación comunitaria priorizó reformas más rápidas y fáciles de ejecutar en lugar de rehabilitaciones de mayor alcance y efecto a largo plazo.
El organismo fiscalizador sostiene que la Comisión Europea y los Estados miembro carecen de mecanismos suficientes para verificar la rentabilidad de estas inversiones y para medir con fiabilidad los ahorros energéticos obtenidos. Esto, a su juicio, pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos climáticos y energéticos de la UE.
El informe recuerda que cerca de tres cuartas partes de los edificios de la Unión siguen siendo ineficientes desde el punto de vista energético, y que aproximadamente una cuarta parte del consumo europeo en este ámbito corresponde al parque residencial. Por ello, considera clave impulsar rehabilitaciones profundas para reducir el consumo y las emisiones.
Sin embargo, los auditores concluyen que la mayor parte de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) se destinaron a actuaciones de complejidad media o baja, mientras que las reformas integrales, capaces de generar ahorros superiores al 60%, apenas recibieron apoyo específico.
Según el Tribunal, las visitas de auditoría realizadas en varios Estados miembro revelan que, por lo general, no se emplean criterios para seleccionar los proyectos con mayor potencial de ahorro energético ni para priorizar a los hogares con mayores necesidades. Los recursos se asignan con el objetivo de ejecutarlos con rapidez y no en función de su impacto.
Los auditores alertan de que este enfoque puede dificultar futuras mejoras, ya que las rehabilitaciones intermedias pueden dejar los edificios durante años en niveles de eficiencia inferiores y hacer más costosas posteriores actuaciones para su descarbonización.
El informe también cuestiona el sistema de seguimiento empleado por la Comisión y los Estados miembro. De las 111 medidas de rehabilitación analizadas, únicamente tres incorporaban objetivos vinculados directamente al ahorro energético, mientras que la mayoría medía el avance mediante indicadores como el número de viviendas rehabilitadas o la superficie renovada.
En este contexto, el Tribunal considera que los certificados de eficiencia energética, utilizados habitualmente para estimar los ahorros, no ofrecen datos suficientemente fiables ni comparables, ya que reflejan consumos teóricos que pueden diferir del consumo real y presentan errores que pueden sobrestimar o infravalorar los resultados.
Ante estas conclusiones, recomienda a la Comisión orientar mejor las futuras ayudas hacia rehabilitaciones profundas, fijar objetivos vinculados al ahorro energético, mejorar la metodología para medir los resultados y evaluar la rentabilidad de las inversiones con vistas a los próximos programas presupuestarios de la UE.
En respuesta al informe, Bruselas defendió que el MRR no obligaba a los Estados miembro a financiar rehabilitaciones profundas y sostuvo que muchos optaron por actuaciones dirigidas a un mayor número de viviendas para acelerar la ejecución de las obras, aunque algunos sí incluyeron reformas de mayor alcance.
El Ejecutivo comunitario aceptó parcialmente las recomendaciones del Tribunal para reforzar el seguimiento de estas inversiones en el próximo presupuesto europeo, aunque rechazó las críticas sobre los certificados de eficiencia energética. Argumentó que constituyen una herramienta “sólida” para estimar el ahorro energético, pese a que no sea posible medirlo con absoluta precisión.