Varios gremios del sector de vigilancia privada pidieron a los organismos de control revisar una licitación pública de la Aerocivil para la prestación de servicios de seguridad en aeropuertos, por presuntas irregularidades que afectarían la libre competencia.
Varios gremios del sector de la seguridad y la vigilancia privada solicitaron la intervención de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en una licitación pública de la Aerocivil para contratar servicios de vigilancia y seguridad privada en aeropuertos del país.
La solicitud fue presentada mediante un oficio en el que los firmantes advierten posibles afectaciones a la libre competencia y a los principios que rigen la contratación estatal. Según los gremios, las condiciones establecidas en el pliego podrían limitar la participación de empresas del sector y favorecer la concentración del contrato.
De acuerdo con información publicada por Revista Semana, el contrato contempla servicios de vigilancia, suministro de circuito cerrado de televisión, CCTV y otros medios tecnológicos relacionados con la seguridad aeroportuaria.
Fedeseguridad, uno de los gremios firmantes, afirmó que las condiciones del proceso generan señales de posible direccionamiento. “Las condiciones del pliego generan claros indicios de direccionamiento del proceso y restringen injustificadamente la competencia”, declaró la organización.
Los gremios también cuestionaron que la entidad haya habilitado sábados, domingos y festivos para adelantar actuaciones dentro del proceso contractual. Para los denunciantes, esa decisión aumenta las dudas sobre el desarrollo de la licitación.
El principal reparo de los gremios es que el nuevo proceso eliminaría la posibilidad de participar por lotes o zonas geográficas. Según explicaron, el modelo anterior permitió dividir la operación en seis zonas, lo que facilitó la concurrencia de empresas de diferentes tamaños en condiciones más equilibradas.
En ese proceso previo, según el oficio, participaron 52 aspirantes, integrados por 115 empresas del sector. Al final, se adjudicaron seis contratos a 14 empresas, por un valor superior a los 311.000 millones de pesos.
Los gremios sostienen que ese esquema se encuentra actualmente en ejecución y que no se han reportado inconvenientes que justifiquen su abandono. Por eso, cuestionan que ahora se busque concentrar toda la operación nacional en un único adjudicatario.
Según la denuncia, el nuevo pliego ampliaría el objeto contractual al incorporar componentes tecnológicos como CCTV, comunicaciones y seguridad aeroportuaria especializada. Los gremios señalan que estos elementos pasarían a ser tratados como aspectos esenciales de la contratación y no como complementos del servicio.
Los firmantes afirman que los requisitos habilitantes y ponderables representan un incremento sustancial frente al proceso de 2022 y que podrían cerrar la puerta a buena parte de las empresas interesadas. Uno de los puntos más cuestionados es la exigencia de acreditar 14 sucursales distribuidas a nivel nacional, tanto como requisito habilitante como factor de evaluación. Según los gremios, esa condición solo podría ser cumplida por una empresa en el país.
Ante ese panorama, los gremios solicitaron a la Procuraduría requerir a la Aerocivil para que justifique técnica, jurídica y financieramente cada requisito que represente un aumento frente a las exigencias del proceso anterior. La petición busca que el Ministerio Público revise si las condiciones del pliego tienen una explicación objetiva o si pueden afectar la igualdad entre oferentes, la libre concurrencia y la selección objetiva.
En el caso de la Contraloría, los gremios pidieron una actuación de control fiscal preventivo. Su argumento es que la concentración de la contratación en un único proponente podría representar un riesgo para el patrimonio público.
Los firmantes también solicitaron una actuación conjunta entre los organismos de control. En el oficio plantearon que se adopten medidas de seguimiento y verificación, incluyendo, si se considera procedente, requerir a la Aerocivil la suspensión de los términos del proceso mientras se resuelven las observaciones pendientes.