El tribunal fijó una audiencia para el 12 de agosto luego que la Cámara Federal de Casación aceptó tratar una apelación de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte.
Buenos Aires, 15 julio (NA) – Luego que la Cámara Federal de Casación aceptó tratar una apelación de Luciano Pantano y de su madre, Ana Lucía Conte, la Justicia decidió volver a analizar qué juez debe investigar la compra de la mansión de Pilar.
Según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la citada vivienda se le atribuye a Pablo Toviggino, el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y trascendió que el expediente ya pasó por cuatro magistrados.
Pantano y Conte, quienes figuran formalmente como dueños de la propiedad, pero se sospecha que son testaferros de Toviggino, pidieron la apelación debido a que objetan que la causa la investigue la Justicia en lo Penal Económico, donde se encuentra actualmente.
Por esa razón, el tribunal dispuso que se lleve a cabo una audiencia el próximo 12 de agosto a las 11:30 durante la cual se escuchará la postura de la defensa de Pantano y Conte y del fiscal general de Casación Mario Villar.
En tanto, se supo que madre e hijo apelaron el fallo de la Cámara en lo Penal Económico que hace un mes ordenó que el caso esté a cargo del juzgado 10 de ese fuero, hoy a cargo de Verónica Straccia y reclaman que el expediente regrese al juez federal de Campana, Adrián González Charvay.
En la causa se investiga la compra de la mansión de la localidad bonaerense de Pilar de 105 mil metros cuadrados con helipuerto y un galpón en el que se encontraron 54 autos de lujo y colección, la cual está a nombre de Real Central SA., una sociedad de Pantano y Conte pero que ninguno de los dos tiene la capacidad económica declarada para adquirirla.
Hasta el momento, los jueces que pasaron fueron Daniel Rafecas, quien allanó la propiedad y encontró un bolso con el nombre de Toviggino, una plaqueta del club Barracas Central en agradecimiento y los 54 vehículos, mientras que luego el caso pasó a Marcelo Aguinsky, juez del fuero Penal Económico, quien planteó como hipótesis que la propiedad se compró con fondos de la AFA.