El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) señaló que el Estado mexicano antepone los intereses económicos de la industria aguacatera a la seguridad de los pueblos originarios, tras la suspensión temporal de las exportaciones de aguacate a Estados Unidos.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) afirmó que el Estado mexicano prioriza los intereses económicos de la industria aguacatera por sobre la seguridad de los pueblos originarios. La declaración se produjo después de que Estados Unidos suspendiera temporalmente la importación de aguacates, lo que llevó a las autoridades mexicanas a buscar diálogos para reanudar el comercio exterior.
En un comunicado emitido este domingo, las comunidades indígenas señalaron que, ante la suspensión temporal de las exportaciones de aguacate por una alerta de seguridad, el Gobierno Federal desplegó de manera inmediata a cientos de elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional para favorecer las actividades del sector.
Sin embargo, indicaron que 120 comunidades llevan cerca de un año esperando una reunión con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, para exponer la crisis que atraviesan, sin que hasta el momento hayan recibido una respuesta.
“Para el Estado mexicano es más importante la venta de aguacate que la vida de los habitantes de los pueblos indígenas”, afirmaron. El consejo identificó la dualidad entre inseguridad e injusticia como uno de los problemas más graves que enfrentan actualmente en sus comunidades.
Las autoridades estadounidenses emitieron una alerta de nivel 4 a sus ciudadanos para evitar que viajaran a Michoacán, luego de que la captura de Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho la Quiringua”, líder del Cártel de Los Reyes, provocara narcobloqueos en la entidad. Días después de los bloqueos, la Embajada de Estados Unidos en México canceló sus operaciones en Michoacán, lo que detuvo el trabajo de los funcionarios encargados de empaquetar y verificar el estado de las frutas, y consecuentemente la importación.
Estos hechos llevaron a las autoridades mexicanas a buscar diálogo con Estados Unidos para reanudar la exportación de aguacate, así como al envío de más de mil militares a las zonas de producción para fortalecer la seguridad.
Denuncias de ataques armados, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales
De acuerdo con el CSIM, en los últimos cuatro años las comunidades originarias de Michoacán han sufrido más de 20 ataques armados perpetrados por el crimen organizado. Alrededor de 20 integrantes de las Rondas Comunales —cuerpos de seguridad de raíz ancestral— fueron asesinados mientras defendían sus territorios.
También señalaron que existen más de 70 casos históricos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales dirigidas contra autoridades tradicionales y defensores de comunidades, bosques y derechos colectivos.
Las comunidades indicaron que Michoacán “es un laboratorio de 5 ‘planes de justicia’ y, contrario al discurso oficial, la impunidad es la constante generalizada, nuestros pueblos sobreviven entre la simulación, la inseguridad y la injusticia”.
Acusan proceso de simulación de consulta a los pueblos indígenas
El consejo detalló cinco irregularidades que, a su juicio, invalidan el proceso de consulta sobre la nueva propuesta de Ley de Derechos de Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
La primera es temporal: analizar 453 artículos con 16 mil 728 pueblos en 37 días no permite una deliberación adecuada. La segunda es jurídica: la consulta carece de carácter vinculatorio, por lo que sus resultados se limitarán a observaciones y recomendaciones sin fuerza de ley.
La tercera irregularidad es informativa. Según el CSIM, en Michoacán el personal del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) expuso la totalidad del contenido de la ley a algunas comunidades en apenas dos horas. La cuarta atañe a la representatividad: el organismo considera que la consulta debería dirigirse a las asambleas generales de cada pueblo, que constituyen la máxima autoridad, y no limitarse a foros regionales. La quinta es de exclusión: el proceso deja fuera a cientos de comunidades que no figuran en el Catálogo de Pueblos Indígenas del INPI.
El 9 de agosto como jornada de resistencia, no de festejo
El CSIM rechazó que el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra cada 9 de agosto, sea una fecha de celebración. Para el consejo, se trata de una jornada para continuar las luchas de los antepasados en defensa de los bosques, la autonomía y los derechos colectivos.
El pronunciamiento criticó que los gobiernos en turno y lo que llama “indígenas domesticados” hayan convertido la fecha en una oportunidad para realizar eventos, foros y conferencias que sirven, según las comunidades indígenas, para “tomarse la foto y legitimar las acciones gubernamentales”.