El consultor Fernando Cerimedo fue detenido en Bolivia y permanece en prisión preventiva acusado de ser el autor intelectual de un ataque contra su expareja. El caso reavivó el escrutinio sobre su historial en Argentina, Brasil, Chile y otros países.
El 17 de agosto, dos hombres vestidos de repartidores dispararon cuatro veces contra Nadia Beller, abogada boliviana de 33 años, frente a un hotel en Santa Cruz de la Sierra. Beller sobrevivió. Horas después, Fernando Cerimedo fue detenido en el aeropuerto Viru Viru. Cuatro días más tarde, un juez boliviano lo imputó como presunto autor intelectual de tentativa de feminicidio y ordenó 180 días de prisión preventiva en la cárcel de Palmasola.
Cerimedo, consultor político, ha estado vinculado a campañas en varios países de la región. En Chile, declaró haber trabajado en los plebiscitos constitucionales de 2020 y 2022, y en 2021 y 2025 se le adjudicó colaboración con José Antonio Kast y Johannes Kaiser, aunque no se aclararon los servicios prestados ni los pagos. En Brasil, tras la derrota de Jair Bolsonaro, difundió un informe con un documento apócrifo sobre las elecciones; el Tribunal Superior Electoral lo desmintió y la Justicia ordenó suspender las cuentas de La Derecha Diario. La Policía brasileña lo acusó de integrar una organización criminal con milicias digitales, pero la fiscalía no lo incluyó en la denuncia final.
En Honduras se lo vinculó con el excandidato Nasry Asfura y se lo acusó de intentar alterar resultados electorales. En Perú, Ecuador y Colombia se lo relacionó con Keiko Fujimori, Daniel Noboa y Abelardo de la Espriella, sin contratos acreditados. Su currículum incluye afirmaciones de becas y posgrados en Harvard, un cargo en la Casa Blanca y trabajo en la campaña de Barack Obama, que no fueron verificadas. Registros laborales en Argentina muestran empleos en una empresa de taxis, una aseguradora, una fábrica de plásticos y la agencia McCann hasta 2018.
En Argentina, en marzo de 2016, el Juzgado Correccional N°3 de Mar del Plata lo condenó a dos años y medio de prisión en suspenso por defraudación y estafa, por vender el mismo departamento a dos compradores distintos. En octubre de 2023, declaró ser el segundo mayor aportante individual de la campaña de Javier Milei, con 28 millones de pesos en especies. Sus empresas Publicidad y Sondeos SRL (Numen) y Academia Numen figuran con deudas en el Banco Central y cheques rechazados.
Su esposa, Natalia Basil, fue designada directora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la Andis en 2024 y renunció siete meses después, invocando diferencias con Diego Spagnuolo. En septiembre de 2025, Cerimedo declaró en la causa por los audios de Spagnuolo y ratificó su contenido, negando haber grabado o filtrado el material. El abogado Gregorio Dalbón pidió investigar a ambos por encubrimiento, pero no prosperó. En febrero de 2026, el Juzgado Federal 11 procesó a 19 personas, sin incluir a Cerimedo ni a Basil.
Desde Bolivia, Beller declaró que Cerimedo le confesó que él y Basil estuvieron detrás de la filtración y que le dijo que “la corrupta era la hermana de Javier Milei”. Beller afirma conservar grabaciones que entregará a la Justicia. La diputada Marcela Pagano pidió citarla a declarar por videoconferencia y su incorporación al Programa Nacional de Protección a Testigos. En Bolivia, allanaron cinco inmuebles de Cerimedo en La Paz y secuestraron efectivo, armas y equipamiento informático. Se abrió una causa por enriquecimiento ilícito. Su defensa presentó un contrato con la Corporación Andina de Fomento, que la CAF desmintió. El presidente boliviano Rodrigo Paz declaró que Cerimedo “jamás” tuvo autorización para representar a la Presidencia.