A partir del 18 de septiembre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) aplicará nuevas regulaciones sobre la normativa de carga pública. El abogado Andrés Echevarría explicó los cambios y su impacto en las solicitudes de visas y residencia permanente.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) implementará nuevas regulaciones sobre la normativa de carga pública a partir del 18 de septiembre. La fecha coincide con la suspensión de citas para visados en todas las embajadas, medida adoptada para capacitar a los funcionarios consulares sobre la interpretación de esta normativa, según explicó Andrés Echevarría, abogado de inmigración y socio de un estudio jurídico.
Echevarría señaló que la carga pública es una causal de inadmisibilidad que existe en la legislación migratoria de Estados Unidos desde 1882. Según el abogado, lo que cambiará es la forma en que se aplicará la legislación.
“El texto de la ley puede seguir siendo el mismo, pero las exigencias probatorias, el ejercicio de la discrecionalidad y el umbral práctico que debe superar un solicitante pueden volverse más rigurosos”, declaró Echevarría.
La carga pública es un criterio que determina si un extranjero es elegible para recibir una visa, ser admitido en el país o ajustar su estatus para obtener la residencia permanente, según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La medida estudia la probabilidad de que un solicitante dependa del gobierno para sus necesidades básicas, como alimentación, salud o vivienda. Para evaluar esto, los oficiales consideran cinco factores: edad, salud, estatus familiar, activos y situación financiera, y educación y destrezas. También se puede tener en cuenta la existencia del Formulario I-864 (Declaración jurada de patrocinio económico) cuando sea obligatorio.
El DHS presentó una regla que rescinde la normativa de carga pública de 2022. Según Uscis, los cambios fundamentales incluyen:
- Eliminación de dependencia primaria: la norma anterior definía la regla como la probabilidad de volverse “primariamente dependiente” del gobierno. La nueva medida evalúa el concepto de manera más amplia.
- Restauración de la discreción amplia y la “totalidad de las circunstancias”: los oficiales podrán realizar un estudio individual de cada caso, sin limitarse a una serie de factores.
- Ampliación del tipo de beneficios públicos considerados: bajo la regla de 2022, los agentes no consideraban el uso de beneficios económicos como cupones. Los nuevos lineamientos eliminan esa restricción.
En cuanto a los beneficios recibidos antes del 18 de septiembre, Uscis solo considerará la asistencia pública en efectivo para el mantenimiento de ingresos y la institucionalización médica a largo plazo pagada por el gobierno (como Medicaid en hogares de ancianos). Para los beneficios recibidos después de esa fecha, se tomará en cuenta la recepción, aplicación o certificación de cualquier beneficio público sujeto a verificación de recursos económicos, tanto monetario como no monetario, como la asistencia federal del estado y los cupones de alimentos (SNAP).
Respecto al Formulario I-864, en el enfoque anterior su presentación se consideraba de forma positiva en cualquier solicitud. A partir del 18 de septiembre, el oficial tendrá la obligación de verificar si el patrocinador cumplirá con el contrato.