La mesa política del Gobierno se reunió este martes en Casa Rosada con el foco puesto en el anuncio sobre Malvinas y la agenda legislativa de la semana, que incluye el debate por el alivio a morosos y la extensión de la emergencia en discapacidad.
La mesa política del Gobierno se reunió desde las 13 en Casa Rosada, luego del anuncio del presidente Javier Milei sobre Malvinas, y en el marco de la inminencia de una sesión en Diputados prevista para este miércoles. En esa sesión se tratarían dos temas: el alivio para morosos y la extensión de la emergencia en discapacidad.
La reunión contó con la participación de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; Carlos Presti, ministro de Defensa; y Pablo Quirno, ministro de Economía. Según informaron fuentes oficiales a Clarín, Presti se convertirá en vocero de la financiación de la construcción de la base naval de Ushuaia, que no requerirá recursos de Estados Unidos. El Ejecutivo planea utilizar esa obra para impulsar la discusión por el Presupuesto 2027, que debe presentar en el Congreso el próximo martes.
En paralelo, el canciller instruyó al procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, para que denuncie a las dos petroleras que operan en la plataforma de Malvinas. Además, defendió en redes sociales al empresario Eduardo Elsztain, propietario del 2% de Falkland Company, empresa de logística que opera en las islas.
El asesor presidencial Santiago Caputo, quien escribió el discurso que Milei leyó en cadena nacional, compartió en redes sociales una encuesta de Clarín en la que el 81% de los participantes respaldó el accionar del Presidente sobre Malvinas. En su cuenta de X, escribió “TMAP” (Todo marcha acorde al plan).
Otras encuestas, como la de Management & Fit, indican que el 60% de los consultados cree que el movimiento de Milei fue oportunista, y que el apoyo está condicionado por la opinión sobre la gestión de Gobierno. Un relevamiento de la consultora Ad Hoc, que mide la conversación digital, muestra que las menciones sobre Malvinas descendieron un 78% entre el viernes y el lunes.
En el Congreso, el oficialismo se prepara para una posible derrota en Diputados. Ante ese escenario, el ministro de Economía, Luis Caputo, dotó al Banco Central de mayor poder de fuego para contener al dólar. En la reunión de la mesa política, algunos participantes pidieron medidas a la autoridad monetaria. “El BCRA tiene que activar”, dijo uno de los convidados a Clarín.
La reacción de la autoridad monetaria para ayudar a los deudores con dificultades para pagar es la misma que reclaman ministros e industriales para acelerar la reactivación económica y del consumo: la baja de las tasas de interés. Se requerirá a las billeteras virtuales y a los bancos que publiquen con más claridad el costo total de los nuevos préstamos.
En el Senado, la jefa de los senadores libertarios, Patricia Bullrich, avizora un posible efecto contagio por el tema de los morosos. El Gobierno intenta blindarse en la Cámara Alta con la ayuda de los gobernadores, aunque algunos mandatarios provinciales ya dispusieron medidas de alivio para los deudores en sus distritos. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se reunió con ejecutivos provinciales en el evento Democracia y Desarrollo, organizado por Clarín en el Malba.
Bullrich no consiguió el dictamen para el Súper RIGI e intenta acelerar la discusión por la suspensión de las PASO, aunque el oficialismo no contaría con los votos. Este miércoles, en una sesión de Labor Parlamentaria, se definirá si el jueves hay sesión para debatir el proyecto de biocombustibles que empujan aliados. En el horizonte también aparecen la Ley Hojarasca, Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Si la presión por la mora récord y la extensión de la emergencia en discapacidad se convierten en ley, en la Rosada no descartan un veto total o parcial de las dos normas.
En otro orden, el Gobierno tomó posición sobre el fallo de la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, que ordenó suspender por 60 días la reforma penal juvenil que acababa de entrar en vigencia. Esa decisión le sirvió al Gobierno para ratificar su posición y confrontar con la administración de Axel Kicillof. Santilli se enfrentó en redes con el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien alertó por delitos asociados a la mora, como el aumento de intentos de homicidios y usurpaciones vinculados a usureros ilegales.
La ilusión de un acercamiento entre Karina Milei y Carlos Bianco, mano derecha de Kicillof, para organizar la visita del papa León XIV duró poco. Desde el Gobierno señalan a la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, que presentó un habeas corpus para frenar la baja de la edad de imputabilidad. Ese sector había sugerido que el pontífice visitara una villa de emergencia durante su estadía en el país.
Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en la Provincia, anunció que prepara un pedido de juicio político contra la jueza Pascual. “Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política”, declaró.