La iniciativa, oficializada mediante la Resolución 445/2026, funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y tendrá como objetivo producir y analizar información sobre el sistema de justicia y las políticas públicas del sector. La participación de las universidades será voluntaria y mediante convenios.
El Gobierno oficializó la creación de la Red Federal de Observatorios Universitarios de Justicia mediante la Resolución 445/2026, firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y publicada en el Boletín Oficial.
La red funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y tendrá a su cargo la producción de evidencia empírica de alcance federal, el desarrollo de indicadores comparables entre jurisdicciones y regiones, y la promoción de investigaciones aplicadas sobre acceso a la justicia, modernización judicial, digitalización, gestión institucional, transparencia y reformas judiciales.
También podrá realizar análisis y evaluaciones institucionales de políticas públicas, programas y procesos de gestión relacionados con el sistema de justicia, además de formular recomendaciones técnicas no vinculantes y fortalecer las capacidades académicas en investigación jurídica, estadística, análisis de datos y evaluación de políticas públicas.
La red estará integrada por observatorios, centros de investigación y equipos académicos pertenecientes a instituciones del Sistema Universitario Nacional. La incorporación de esas instituciones se formalizará mediante convenios con el Ministerio de Justicia.
La coordinación técnica e institucional quedará a cargo de la Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil, que tendrá entre sus funciones convocar a las instituciones participantes, promover convenios de cooperación académica, elaborar lineamientos metodológicos generales, articular con los equipos universitarios y sistematizar la información producida.
La información generada podrá ser utilizada por el Ministerio de Justicia y las instituciones participantes para elaborar informes, estudios, reportes técnicos, documentos de trabajo, publicaciones institucionales y recomendaciones técnicas orientadas al fortalecimiento de las políticas públicas de justicia.
La resolución establece además que la producción y difusión de información deberá realizarse sobre la base de datos públicos, institucionales, agregados o debidamente anonimizados, respetando las normas vigentes sobre protección de datos personales, confidencialidad y resguardo de información sensible.
La creación de la red no implicará nuevas estructuras organizativas ni partidas presupuestarias específicas. Su funcionamiento será atendido con los recursos humanos, financieros y materiales existentes en el Ministerio de Justicia.