El Ejecutivo envió un presupuesto de 7,3 billones de pesos para las universidades públicas, mientras los rectores estiman que necesitan 11 billones para garantizar el funcionamiento en 2027. La disputa se centra en el cálculo del aumento y el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario.
La disputa entre el Gobierno y los rectores de las universidades públicas por el presupuesto 2027 continúa sin acuerdo. El Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un proyecto de presupuesto que asigna 7,3 billones de pesos al sistema universitario, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) estimó que se necesitan 11 billones para garantizar el funcionamiento de las 60 universidades públicas en 2027.
La diferencia radica en la interpretación de la ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795), sancionada por el Congreso y vetada por el presidente Javier Milei. Una cautelar del juez Martín Cormick ordenó al Ejecutivo cumplir con los artículos 5 y 6 de la norma, que disponen ajustes en becas y salarios. El Gobierno sostiene que el cálculo del CIN es \”injustificado\” porque incluye \”la interpretación de los sindicatos de los aumentos y la vigencia total de la ley de Financiamiento cuando la cautelar sólo autorizó los ajustes en becas y salarios\”. Además, afirmaron que \”con el incremento salarial del 3% de octubre estamos 1,15% arriba de lo que plantea\” el fallo judicial.
Los rectores, por su parte, sostienen que el Ejecutivo \”dilata\” el cumplimiento de la cautelar mediante presentaciones judiciales. Franco Bartolacci, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, declaró a Clarín: \”Esperamos que avance la sentencia por la cuestión de fondo de nuestro reclamo. Hace unos días presentamos un pronto despacho al juez porque la cautelar está firme y no se cumple\”. La demanda de fondo del CIN cuestiona el decreto de Milei que promulgó la ley pero suspendió su aplicación por falta de recursos.
En el plano judicial, los abogados de Capital Humano y la Procuración del Tesoro presentaron escritos en los que afirman que los pagos en curso cumplen con la ley, basándose en el acuerdo paritario de junio que otorgó un 21,3% de aumento más un 3% en octubre. Las universidades sostienen que aún resta una recomposición del 31,2%. El juez Cormick denegó el 1 de septiembre el pedido del Gobierno de levantar la cautelar y ratificó su vigencia.
Bartolacci advirtió: \”Si no logramos que el Congreso introduzca modificaciones al proyecto de Presupuesto 2027, que sea revisado y actualizado, vamos a tener serias dificultades para empezar a dar clases el año que viene\”. En tanto, desde el Ejecutivo aseguraron que las diferencias \”se producen porque hay rectores que actúan como sindicalistas o influidos por la izquierda\” y que el funcionamiento de las universidades está garantizado para el próximo año. \”Acá el diferendo es salarial, un rubro que se lleva casi el 90% del presupuesto, porque garantizamos un 20% de aumento en funcionamiento\”, remarcaron.
El CIN presentó este miércoles en el Congreso su propuesta de presupuesto 2027 para las 60 universidades públicas. El cálculo de 11 billones incluye salarios docentes y no docentes (90% del total), funcionamiento, infraestructura, ciencia y tecnología, becas y hospitales. \”Nuestra propuesta incorpora el financiamiento y la del gobierno no. Si el gobierno proyectara su cumplimiento con la ley vigente, debería haber presupuestado 9,8 billones. Llegamos a 11 billones con actualizaciones de otras áreas\”, concluyó Bartolacci. El Gobierno respondió que el proyecto \”incluye la cautelar más la inflación (proyectada en 18%), que se observa en el ítem denominado refuerzo fortalecimiento de recursos humanos\”, y aclaró que el rubro hospitales tiene un tope para la UBA, aunque pidió a los hospitales universitarios de provincias que rindan gastos.