La ley que reduce la edad de punibilidad a 14 años entró en vigencia en septiembre y generó resoluciones judiciales contrapuestas en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad. Organizaciones sociales advierten sobre la falta de recursos y el impacto en los barrios.
La ley 27.801, que reduce la edad de punibilidad a 14 años, entró en vigencia en septiembre. Su aplicación fue suspendida preventivamente por la jueza bonaerense Marta Elba Pascual en la provincia de Buenos Aires. El 15 de septiembre, la Cámara de Lomas de Zamora revocó esa medida.
Días más tarde, en la Ciudad de Buenos Aires, la jueza Laura De Marinis declaró inconstitucional la baja de la edad de punibilidad en un caso concreto y sobreseyó a un chico de 14 años acusado de un intento de robo sin heridos ni daños. La Cámara porteña revocó el fallo y apartó a De Marinis de la causa.
La nueva ley baja la edad de punibilidad a los catorce años, suprime las escalas penales atenuadas y amplía la discrecionalidad judicial. Promete, a cambio, medidas alternativas y una finalidad socioeducativa.
La objeción de fondo es constitucional. El Comité de los Derechos del Niño fija en catorce años el piso mínimo compatible con la Convención, recomienda umbrales más altos y le pidió expresamente a la Argentina, en 2018 y en 2024, mantener la edad en dieciséis.
Las experiencias y los estudios sobre la cuestión coinciden: no hay evidencia de que bajar la edad de imputabilidad mejore la seguridad.
En la Ciudad de Buenos Aires, un protocolo firmado por los ministerios de Educación, Justicia y Seguridad y por el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes obliga a los directivos a denunciar ante la Justicia a estudiantes desde los 14 años, incluso por hechos ocurridos fuera de la escuela, y habilita el ingreso de la Policía a los establecimientos.
Desde Fundación SES sostienen: “ningún chico nace peligroso. Peligroso es un Estado que llega tarde, o que llega solamente con patrulleros y rejas, ahora también en la puerta del aula”.
Las organizaciones sociales y los clubes de barrio cumplen un papel que ninguna ley penal puede reemplazar, según la fundación. Son, muchas veces, el primer lugar donde lxs pibes encuentran un adulto que los escucha, un espacio de pertenencia, un plato de comida, un entrenamiento, un proyecto compartido. Sin embargo, también son blanco de las políticas de ajuste: programas discontinuados, financiamiento recortado, tarifas que se vuelven impagables y equipos que trabajan cada vez con menos recursos.
La ley ya rige. Lo que viene no es un debate abstracto: son plazos, causas y vidas concretas puestas en juego. Es necesario estar ahí, exigiendo que cada garantía que la norma promete se cumpla, y que las escuelas sigan siendo espacios de cuidado y no de denuncia. Es fundamental no abandonar la lucha. Es necesario un presupuesto para la prevención y el egreso, y una articulación real entre educación, salud, desarrollo social, trabajo y las organizaciones comunitarias que sostienen la vida en los barrios.
*Coordinadora de Proyectos y Redes en Fundación SES.