En su afán de apuntalar la adhesión de los sectores populares a su candidatura, Sergio Massa anunció que tras las primarias del domingo dispondría el pago de una suma fija para los trabajadores con salarios más bajos, como parte de las medidas del «Plan Platita» que puso en marcha en el tramo final de la campaña para las PASO.
El anticipo del ministro-candidato disparó de inmediato la crítica de los sectores empresarios y abrió un inesperado frente de conflicto con intendentes y gobernadores, cuyas administraciones concentran a la mayoría de los trabajadores formales de menores ingresos y deberían asumir un millonario costo fiscal para implementar la medida.
Massa repitió una y otra vez la medida en la última semana previa a las PASO, pero esquivó dar detalles sobre el monto de la suma fija o su alcance efectivo. Sin embargo, machacó con una idea que inquietó a empresarios, intendentes y algunos gobernadores. Habló de «establecer un piso salarial mínimo, que no sea sólo el salario mínimo vital y para los trabajadores en actividad con suma fija” e insistió con la necesidad de garantizar ingresos por encima de la línea de pobreza.
El tema fue eje de las últimas conversaciones informales que el ministro mantuvo con los principales referentes de la CGT. Allí se analizó la idea de establecer un umbral de ingresos para todos los sectores formales equivalente al valor de la canasta básica que en junio se ubicó en $ 232.000, pero que podría alcanzar los $ 250.000 una vez que se conozca la inflación de julio.
«Se están evaluando mecanismos para, sin dañar las paritarias, garantizar un piso de protección social para los trabajadores formales en línea con el mínimo de la pobreza», explicó ante este diario el dirigente Gerardo Martínez (Uocra), que participó de las charlas con el ministro.
También el triunviro cegetista Héctor Daer se refirió a la propuesta que analizan con el ministro: «se debe aplicar para los que están fuera de convenio o que vienen con un atraso salarial desde la época del macrismo que no se pudo recomponer, pero se debe encontrar un mecanismo que no afecte las paritarias», remarcó.
Presión por una medida de emergencia
Desde la conducción de la CGT coinciden con Massa sobre la urgencia de avanzar con una medida de emergencia para atender el impacto de la inflación sobre los salarios más bajos, aunque admiten que las dificultades de financiamiento que implicaría la decisión especialmente para los presupuestos municipales y provinciales, además de para algunas actividades del sector privado.
«Es complicado que sea de un día para otro por un decreto, debería ser un proceso», apuntan desde la central. Algunos dirigentes plantean como posibilidad avanzar primero con una suma fija de emergencia y luego apuntar a un esquema progresivo de piso salarial equivalente al umbral de pobreza. Cerca de Massa confirman que tras las primarias se tomará la decisión, pero evitan anticipar cómo será finalmente el esquema.
Si bien la conducción de la UIA fue la primera en plantarse contra la suma fija, el impacto mayor involucra a los intendentes y a algunos gobernadores. El propio ministro lo reconoció al anticipar su apuesta con la medida: «los municipales son el mejor ejemplo es uno de los salarios más bajos de la Argentina. Tenés casi un 40% de los empleados municipales de la Argentina por debajo de la línea de pobreza y por debajo en algunos casos del salario mínimo vital y móvil» que este mes se ubica en $ 112.500.
El impacto para el sector público
Según los últimos datos oficiales, se contabilizaron 3.429.784 asalariados en el sector público del total país. Unas 342.678 personas trabajan directamente en la administración nacional o en empresas y sociedades dependientes del Estado, con ingresos por encima de la canasta básica. Cerca de 2,3 millones de puestos corresponden al personal de los estados municipales y alrededor de 700 mil trabajadores se desempeñan en los municipios, representando cerca del 20% del empleo público total.
El nivel de remuneraciones en el sector municipal en términos generales es el más bajo. Se estima que entre un 15% y 20% de esos trabajadores percibe ingresos inferiores al salario mínimo. «En algunos municipios hay empleados con sueldos de $ 30 mil, incluso en la Provincia de Buenos Aires. Y hay intendencias que pagan salarios muy bajos que tienen millones de pesos en plazos fijos», se quejó semanas atrás Hernán Doval, el titular de la Confederación de Trabajadores Municipales (CTM).
Doval y Rubén García, secretario general de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FEIMUBO), se reunieron días atrás con Massa para reclamarle la conformación de una paritaria para el sector que garantice un piso de ingresos por encima del salario mínimo para todo los trabajadores de la actividad, similar a lo que ocurre con los trabajadores docentes.
En plena campaña electoral, la situación abre para Massa un foco de discusión con intendentes y algunos gobernadores que se verían alcanzados por una medida de carácter general para garantizar ingresos a su personal equivalentes a la canasta básica.
También desde el sector empresario rechazaron el anticipo del ministro. «Una decisión unilateral y transversal de establecer aumentos por decreto generaría superposición de porcentajes o sumas que entrarían en contradicción o solapamiento con las escalas establecidos por las partes libremente en el marco de los procesos de negociación» paritaria, advirtió la UIA.