La Ley de Glaciares, sancionada en 2010 como pionera a nivel global en la protección de estas reservas estratégicas, vuelve a ser centro de un debate histórico. Una audiencia pública convocada para analizar una reforma del marco normativo registró una inscripción sin precedentes, superando las 102.000 personas interesadas en participar. Este número la convierte en la audiencia pública de este tipo más grande a nivel mundial.
Una participación masiva con cupo restringido
Pese a la extraordinaria convocatoria ciudadana, el esquema establecido por las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados prevé solo dos jornadas de desarrollo. En este marco, se estima que apenas 200 personas podrán ejercer el derecho a la intervención oral durante el encuentro. Esto significa que menos del 0,5% de los inscriptos tendrá la oportunidad de exponer sus argumentos directamente ante las autoridades.
Las comisiones a cargo no han manifestado intenciones de extender el cronograma ni han brindado explicaciones detalladas sobre la urgencia en el tratamiento del proyecto, que modifica la protección de los ambientes glaciares y periglaciales. Estos ecosistemas son vitales, ya que abarcan doce provincias argentinas, 36 cuencas hídricas y son fuente de agua para aproximadamente siete millones de personas.
Cuestionamientos al procedimiento y principios en juego
La modalidad ha generado críticas por considerar que restringe severamente el principio de participación pública. El reglamento de estas audiencias se rige por principios de publicidad, transparencia, oralidad e informalismo. Los críticos argumentan que limitar la intervención oral a un grupo tan reducido, ofreciendo en su lugar la presentación de videos o ponencias escritas, modifica las reglas después de iniciado el proceso de inscripción y afecta las expectativas legítimas de los participantes.
Esta situación también se analiza a la luz del Acuerdo de Escazú, tratado internacional ratificado por Argentina que posee jerarquía superior a las leyes. Dicho acuerdo promueve la participación pública amplia e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales. La participación ciudadana, lejos de ser un obstáculo, es considerada un pilar que fortalece y legitima el proceso legislativo, especialmente en temas de alto impacto ambiental y social.
Alternativas desestimadas y debate sobre la urgencia
Expertos en derecho ambiental señalan que existían alternativas viables para canalizar una participación tan masiva. Entre ellas, se mencionan la extensión del plazo de las audiencias, su segmentación por temas específicos o la realización de audiencias complementarias en distintas regiones del país, particularmente en las zonas de las cuencas hídricas afectadas.
La falta de una justificación clara para el tratamiento acelerado del proyecto, sumada a la restricción en la oralidad, ha levantado cuestionamientos sobre la transparencia del proceso. El debate se centra ahora en cómo conciliar la necesidad de agilidad parlamentaria con el derecho a la participación en un tema de interés público fundamental como es la protección de las principales reservas de agua dulce del país.