La sesión de este miércoles en la Legislatura de Córdoba abordará el caso de los exasesores con antecedentes judiciales del legislador Ramón “Cañito” Flores. El oficialismo impulsa la licencia del parlamentario, mientras la UCR y otros bloques opositores exigen su expulsión.
La Legislatura de Córdoba celebrará este miércoles una sesión en la que se tratará la situación del legislador Ramón “Cañito” Flores, vinculado a la causa judicial que investiga delitos contra cuatro adolescentes en Villa de María de Río Seco. El bloque oficialista del Partido Justicialista (PJ) impulsa la concesión de una licencia para Flores, mientras que la Unión Cívica Radical (UCR) y otros bloques opositores exigen su expulsión del cuerpo legislativo.
El PJ definió su postura en una reunión de bancada previa a la sesión. Según una voz al tanto del encuentro, “por lo menos nadie expresó que no estaba de acuerdo” con el pedido de licencia. La lectura predominante en el oficialismo es jurídica: mientras Flores no esté imputado en la causa, corresponde concederle la licencia. “Si la causa toma otro cauce, habrá que reevaluar la situación”, sintetizó un oficialista.
La fiscal de Deán Funes, Analía Cepede, confirmó que al menos dos de los hechos investigados habrían ocurrido en un campo perteneciente a Flores, pero señaló que “por el momento él está desvinculado” de la causa.
La UCR, por su parte, unificó su postura en torno a la expulsión de Flores. El jefe de la bancada radical, Matías Gvozdenovich, sostendrá esa exigencia en el recinto. El dirigente Rodrigo de Loredo cuestionó la licencia como mecanismo para evitar un costo político: “El peronismo quiere esconder la basura abajo de la alfombra con una licencia para el legislador Ernesto Flores”, afirmó. De Loredo confirmó que los legisladores radicales exigirán la expulsión “por indignidad” y remarcó que “la política no puede hacerse la distraída”.
Walter Nostrala, del Frente Cívico, expresó que “no alcanza con una licencia” y pidió la separación de Flores del cuerpo legislativo. El bloque vecinalista, a través de Gerardo Grosso, planteará la suspensión y el apartamiento del peronista sin goce de dieta hasta que la Justicia se expida sobre las causas judiciales que involucran a su entorno laboral.
En paralelo, el PRO impulsa un sistema permanente de verificación de antecedentes para todo el personal legislativo. El legislador Oscar Agost Carreño propone que la Legislatura pueda consultar de manera frecuente la información disponible en organismos como el Registro Nacional de Reincidencia, la Policía de Córdoba y el Poder Judicial provincial. El mecanismo alcanzaría a empleados de planta permanente y temporaria, autoridades superiores, gabinetes, asesores y contratados. El PRO pretende que el protocolo sea aprobado por el cuerpo y no quede únicamente en manos de la Presidencia de la Legislatura.
La UCR también presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo explique la situación administrativa de Mario Alexis Magnano, señalado como “referente” del Centro de Desarrollo Regional (CEDER) de San Francisco del Chañar. Según la información citada por la oposición, Magnano registra una condena dictada en 2019 por la Cámara 4ª del Crimen de Córdoba a dos años y diez meses de prisión por delitos vinculados con sustracción de objetos destinados a prueba, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y participación necesaria en una estafa. Esa sentencia incluyó “Inhabilitación Absoluta y Perpetua para Ejercer Cargos Públicos”. Además, registra otra condena de noviembre de 2023 por abuso de autoridad y coacción reiterada, que habría sido apelada.
El pedido de informes también indaga sobre una presunta relación de Magnano con el legislador peronista Marcelo Eslava, quien habría presentado públicamente su incorporación al CEDER en 2025. La UCR quiere conocer qué funciones cumple Magnano actualmente y si tiene participación en el programa Banco de la Gente.
La sesión de este miércoles tiene una agenda formal que incluye el tratamiento de la licencia de Flores y otros asuntos legislativos, como el pliego del próximo juez electoral, Guillermo Arias. La oposición, en tanto, buscará convertir el caso en una discusión más amplia sobre responsabilidad política y controles institucionales en el Estado.