Un tribunal de apelaciones de Nueva York anuló la sentencia que obligaba al país a pagar más de 16.000 millones de dólares a Burford Capital. La decisión fue tomada por jueces designados por presidentes demócratas.
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dejó sin efecto la sentencia que obligaba a la Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF. La decisión fue celebrada por diversos sectores políticos del país y reactivó análisis sobre los fundamentos legales del fallo.
El tribunal, que ya había rechazado una medida cautelar de la jueza Loretta Preska, estuvo integrado por tres jueces nominados por presidentes demócratas. Denny Chin, quien redactó la opinión mayoritaria, nació en Hong Kong y fue designado por Bill Clinton y ascendido por Barack Obama. En su análisis, consideró que los estatutos de YPF no generaban obligaciones contractuales exigibles contra el Estado argentino según la ley local, basando su razonamiento en el derecho argentino.
Beth Robinson, nominada por Joe Biden, nació en Pakistán y se crio en Estados Unidos. Su voto acompañó la línea de Chin, argumentando que la jueza de primera instancia no interpretó adecuadamente la ley argentina.
José A. Cabranes, nacido en Puerto Rico y designado por Jimmy Carter, fue el único que avaló el razonamiento original de Preska en un voto disidente. Su postura podría servir como base para un posible recurso futuro del fondo Burford Capital.
El fallo genera diversas interpretaciones sobre sus causas, desde el análisis estrictamente legal hasta consideraciones sobre el contexto político internacional.