El jefe de Gabinete anunció que se elevará al Congreso un proyecto para reformar la normativa que regula la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, vigente desde 2012. La iniciativa busca generar un nuevo marco de discusión legislativa.
El Gobierno nacional anunció que enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Tierras, denominada formalmente Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales, sancionada a fines de 2011 y vigente desde comienzos de 2012.
La normativa, identificada como 26.737, establece restricciones a la adquisición de tierras por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras, limitando dichas compras a no más del 15% del territorio nacional, provincial o municipal. Su objetivo declarado fue la protección de un recurso estratégico no renovable.
El anuncio del Poder Ejecutivo marca un cambio de estrategia respecto a fines de 2023, cuando el gobierno del presidente Javier Milei incluyó la derogación de esta ley en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, conocido como ‘Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina’. Contra esa medida, una organización de excombatientes de Malvinas presentó una cautelar que fue aceptada por la Cámara Federal de La Plata, y el caso se encuentra actualmente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la espera de resolución.
Frente a este escenario judicial, el Gobierno ahora opta por la vía legislativa, promoviendo una modificación de la ley en lugar de su derogación directa. Esta postura busca abrir un espacio de negociación con el Poder Legislativo para consensuar cambios que, según la visión oficial, permitan flexibilizar aspectos considerados controvertidos de la norma, manteniendo un marco regulatorio.
La ley original ha sido objeto de debate desde su sanción, con posturas que señalan su carácter restrictivo para las inversiones y otras que la defienden como una herramienta de protección de la soberanía y los recursos naturales. El proyecto de modificación ingresará al Congreso en un contexto donde se discute el balance entre la atracción de capitales extranjeros y la regulación del acceso a la tierra.