El organismo evalúa emitir un bono estatal para pagar a clínicas y médicos, mientras avanza con una polémica baja en los montos fijos por afiliado. En Córdoba, más de 60 instituciones aguardan pagos con 90 días de demora.
PAMI analiza saldar su deuda con un bono que emita el Gobierno nacional para ponerse al día con clínicas, sanatorios y médicos de todo el país. La medida, aún sin confirmación oficial, se discutió en una reunión del titular del organismo, Esteban Leguizamo, con cámaras del sector privado de salud. En paralelo, avanza en la reducción de las cápitas que perciben los médicos de cabecera, una decisión que genera alarma entre los prestadores.
En Córdoba, más de 60 clínicas y centros de salud aguardan el cobro de prestaciones realizadas hace 90 días. La deuda acumulada compromete la operación diaria y la atención a los cerca de 430 mil afiliados de PAMI en la provincia. El Gobierno evalúa la emisión de un bono, pero no está claro si cubriría la deuda total, solo diciembre o también enero.
Ignacio Scuti, presidente de la Asociación de Clínicas Privadas de Córdoba (ACLISA), participante de la reunión, indicó: “Nos dijeron que iba a haber una reunión entre los ministros de Salud y de Economía, que iban a intentar dar una respuesta antes del fin de semana”. La cadena de pagos involucra una deuda del Ministerio de Economía con Salud estimada en unos mil millones de dólares, que luego debe transferirse a PAMI y a los prestadores.
Simultáneamente, PAMI reestructura el pago a médicos de cabecera. La cápita se fijaría en $2.100 por paciente, frente a los más de $3.200 que cobraban. Horacio Martínez, delegado gremial, explicó que un médico con 800 cápitas pasaría de cobrar alrededor de $2.600.000 a poco más de $1.600.000. “En lugar de aumentar la cápita, la redujeron. Entonces, en lugar de atender a 20 afiliados por día, atenderán la mitad”, señaló.
A ese recorte se suman valores considerados insuficientes: $40 para consultas a domicilio y $26 para atención a afiliados de tránsito. “Los importes son tan indignos que dan gracia”, declaró Martínez. La proyección es que, si los médicos reducen su carga de afiliados, la capacidad de atención del sistema caería proporcionalmente.
El atraso en pagos se agrava porque, desde diciembre, PAMI divide en dos cuotas el pago mensual de facturas, estirando los plazos. “El prestador se convierte en financiador”, explicó Scuti. A esto se suman aranceles desactualizados y reducción de cupos autorizados, que comprimen el margen operativo.
Detrás del conflicto hay un cambio estructural: PAMI está virando desde un modelo de libre elección hacia un esquema capitado, con un monto fijo por afiliado, limitando las prestaciones autorizadas. Para los afiliados —jubilados que usan el sistema de manera casi universal—, esto podría traducirse en mayor dificultad para acceder a estudios, consultas e internaciones. “Necesitamos previsión, claridad y certidumbre, no incertidumbre permanente”, resumió Scuti.