La Justicia Federal citó a declaración indagatoria al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad y a un grupo de empresarios, en el marco de una investigación por supuestas maniobras de corrupción en compras de medicamentos de alto costo.
La Justicia Federal citó a prestar declaración indagatoria al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Orlando Spagnuolo, y a otras 34 personas, acusadas de integrar una red de compras de medicamentos de alto costo y baja incidencia en complicidad con droguerías. La medida la dispuso el juez Ariel Lijo tras un pedido en ese sentido del fiscal federal Franco Picardi.
Según las evidencias de la investigación, el ex titular de la Andis habría utilizado su poder y capacidad de supervisión para generar condiciones que permitieron direccionar millonarias compras del Estado hacia un selecto grupo de empresas privadas. El mecanismo, según la fiscalía, consistía en simular una competencia entre oferentes para la provisión de medicamentos e insumos médicos de alto costo del Programa Federal Incluir Salud.
A cambio de garantizar los negocios a algunos empresarios, Spagnuolo habría recibido “retornos”, según la hipótesis de la fiscalía. El empresario Miguel Ángel Calvete, señalado como uno de los principales articuladores privados de la maniobra, habría canalizado sobornos que incluirían entregas en mano de dinero en efectivo y el pago de deudas personales millonarias del funcionario.
Entre los indagados se encuentran, además de Spagnuolo, el ex funcionario Daniel María Garbellini y los empresarios Miguel Ángel Calvete, Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich. A ellos se suman otros 24 nuevos implicados, entre empresarios y prestadores, y otras seis personas que ya tenían audiencia fijada previamente, señaladas por ocuparse del blanqueo y la recaudación del dinero.
El expediente investiga sobreprecios, cartelización y cobro de sobornos en licitaciones vinculadas a implantes auditivos, sillas de ruedas, medicamentos oncológicos y prótesis traumatológicas. Las maniobras, detalladas en la investigación, revelarían un esquema perpetrado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, integrado por altos funcionarios públicos y empresarios del sector privado.
Según el fiscal Picardi, la organización habría manipulado el sistema informático de la Andis, utilizando de manera direccionada el aplicativo Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), implementado en junio de 2024, para manipular las contrataciones. Para ello, habilitaron un circuito de compulsas de precios paralelo al general, al que únicamente invitaban a participar a un grupo reducido de firmas elegidas.
El grupo empresario operaba, según la acusación, dividiéndose las licitaciones de antemano y simulando una competencia legal con oferentes “pantalla” que figuraban como invitadas pero omitían cotizar o presentaban ofertas diseñadas para perder. Esta mecánica se habría reproducido en los segmentos de amputaciones, cardiología, neurología, traumatología y sillas de ruedas.
Calvete habría operado con poder de decisión sobre las compras del organismo sin ser empleado público, recibiendo información confidencial filtrada por funcionarios de la Andis sobre cotizaciones, expedientes y pagos. Con esta ventaja, coordinaba quiénes debían ganar las compulsas y la agilización de las transferencias de dinero. La contraprestación, según la fiscalía, era el pago de “retornos” a los funcionarios públicos implicados, con una tarifa que oscilaba entre el 12% y el 20% de las sumas totales facturadas a la Andis.
Para ocultar la ruta del dinero y darle apariencia de legalidad, la organización habría implementado un circuito de facturación cruzada y apócrifa entre las empresas del rubro, inventando comprobantes por conceptos comerciales falsos. Otros integrantes están acusados de la recolección física y virtual del dinero negro, movilizando dólares y pesos en efectivo hacia distintas oficinas y domicilios particulares.