Manifestantes, incluida una candidata demócrata, reclaman el cierre del centro de Dilley, gestionado por una empresa privada para ICE. Denuncian condiciones de salud y un aumento significativo en la detención de menores bajo la actual administración.
En Dilley, Texas, funciona el South Texas Family Residential Center, un centro de detención privado gestionado por la empresa CoreCivic bajo contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En las últimas semanas, se ha convertido en foco de protestas de organizaciones civiles y ciudadanos que exigen su cierre inmediato.
Una reciente manifestación reunió a decenas de personas, entre ellas Gina Hinojosa, candidata demócrata a la gobernación de Texas, quien afirmó que las condiciones del centro “perjudican a los niños”. Otras manifestantes expresaron identificación con los detenidos. Además del reclamo principal, los activistas distribuyeron información sobre derechos migratorios y silbatos para alertar sobre operativos del ICE en la zona.
Según datos de The Marshall Project, ha habido un incremento sostenido en la cantidad de niños bajo custodia federal desde el inicio de la segunda administración de Trump. Mientras que al finalizar la presidencia de Joe Biden el ICE mantenía un promedio diario de 24 menores detenidos, con la reactivación de las políticas de detención familiar, ese número ascendió a un promedio de 226, con un pico de más de 550 niños en un solo día en enero. Casi la mitad de los más de 6200 menores detenidos en este período pasó por las instalaciones de Dilley, reabiertas para familias en 2025.
Abogados y organizaciones de derechos humanos han documentado denuncias dentro del centro, que incluyen provisión de alimentos en mal estado, agua con olor extraño y demoras en la atención médica. Según un artículo de ProPublica, la organización RAICES registró más de 700 quejas vinculadas a la atención sanitaria desde agosto de 2025, reportándose hospitalizaciones de bebés y un intento de suicidio de un menor.
El caso de un niño ecuatoriano de cinco años llamado Liam, cuya foto circuló en redes sociales, desencadenó protestas. Más de 160 organizaciones enviaron una carta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) exigiendo la liberación de todas las mujeres embarazadas detenidas en centros del ICE.
Ante las acusaciones, el DHS emitió un comunicado el 24 de febrero rechazando las denuncias y describiendo las condiciones del centro. Según el organismo, cada detenido recibe un examen médico dentro de las 12 horas de su ingreso, los niños tienen acceso a aulas y actividades, y hay personal médico especializado disponible las 24 horas.