La Justicia chaqueña avanza en al menos tres causas por amenazas en establecimientos educativos. Las pesquisas buscan identificar a los menores involucrados, mientras las autoridades explican el marco legal y las medidas de prevención desplegadas.
En medio de una serie de mensajes que alertan sobre supuestos ataques en establecimientos educativos, la Justicia del Chaco confirmó que ya hay al menos tres causas penales en curso. Las investigaciones se centran en identificar a los menores involucrados, quienes serían los principales responsables de estas conductas.
El ayudante de fiscalía Cristian Barreto explicó que el abordaje judicial se despliega de manera coordinada con fuerzas de seguridad y organismos de protección de derechos, en función de la edad de los implicados. “Se están tomando medidas tanto a nivel policial como judicial para individualizar a los menores”, señaló.
Uno de los ejes centrales que remarcó el funcionario es que, en este tipo de casos, la responsabilidad penal es exclusivamente de quien comete el hecho, aun cuando se trate de menores de edad. “La responsabilidad penal es intransferible. No se puede imputar a los padres por la conducta de sus hijos”, sostuvo Barreto. En ese marco, aclaró que los adultos son convocados para ser notificados de la situación, pero no pueden ser perseguidos penalmente por estos episodios.
Las actuaciones se articulan con la Secretaría de Niñez y Adolescencia y el juzgado de menores en turno, que define las medidas a adoptar en cada caso. Actualmente, las decisiones recaen en el juez Juan Pablo Lari, bajo el régimen de la ley de minoridad vigente.
Según detallaron fuentes judiciales, el encuadre legal puede variar entre amenazas o intimidación pública, dependiendo de la modalidad en la que se haya difundido el mensaje, ya sea a través de redes sociales o mediante inscripciones dentro de las escuelas.
En el avance de las investigaciones, ya se concretaron medidas de prueba. Entre ellas, se confirmó el secuestro de teléfonos celulares, que serán peritados para rastrear el origen de los mensajes. Además, la fiscalía tramita pedidos de información a plataformas digitales como WhatsApp e Instagram, con el objetivo de reconstruir la circulación de las amenazas y determinar responsabilidades.
De acuerdo con datos de la Policía del Chaco, ya se registraron unos 60 reportes en toda la provincia, con mayor concentración en el área metropolitana pero con presencia también en el interior. Muchas de las amenazas responden a mensajes virales que se replican con mínimas modificaciones, lo que complejiza su rastreo.
En este contexto, el Gobierno activó un protocolo de actuación que incluye presencia policial en escuelas, patrullajes preventivos y la intervención de áreas especializadas como Ciberdelitos y el sistema 911.
Desde las autoridades insistieron en que estos hechos no deben ser tomados como bromas, ya que implican la movilización de recursos estatales y pueden derivar en consecuencias judiciales.
En paralelo, el Ministerio de Educación puso el foco en el rol de la comunidad educativa y las familias. La cartera impulsa acciones para reforzar la convivencia escolar y prevenir el ciberbullying, al tiempo que promueve un mayor control sobre el uso de redes sociales por parte de niños y adolescentes.