Una demanda colectiva presentada por la ACLU busca frenar la aplicación de la ley SB 4 en Texas, que autoriza a autoridades locales a detener y trasladar a migrantes indocumentados a la frontera bajo órdenes judiciales estatales. El caso argumenta que la normativa viola la Constitución de Estados Unidos al invadir facultades federales.
Una demanda colectiva (class action) presentada en mayo de 2026 pretende impedir que autoridades locales de Texas apliquen la ley SB 4, que permite detener y disponer el retorno de migrantes indocumentados hasta la frontera bajo órdenes emitidas por jueces estatales. La querella argumenta que esta regulación entra en contradicción con las facultades federales en materia migratoria y que, por lo tanto, contraviene la Constitución de Estados Unidos.
La demanda fue presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en representación de personas afectadas y organizaciones defensoras de derechos civiles, de acuerdo con Reuters. El documento judicial señala que la normativa estatal permite a fuerzas de seguridad locales detener a individuos sospechosos de ingresar sin autorización. Además, jueces locales pueden emitir órdenes que obligan a personas extranjeras a abandonar el estado bajo custodia y ser trasladadas a la frontera, lo que tradicionalmente corresponde a tribunales federales de inmigración.
Por otro lado, la ley SB 4 también incluye sanciones penales por reingreso. Los demandantes consideran que aplicar la normativa a nivel estatal puede derivar en detenciones prolongadas sin supervisión federal adecuada. La querella se basa en el principio de supremacía federal, que establece que las leyes nacionales prevalecen sobre las estatales en áreas asignadas al gobierno federal. Según la Constitución de Estados Unidos, el control migratorio es una atribución exclusiva del gobierno federal, lo que ha sido respaldado por múltiples fallos de la Corte Suprema.
En consecuencia, los demandantes citan precedentes judiciales donde tribunales han limitado la intervención estatal en temas migratorios. Tal es el caso de Arizona v. United States de 2012, en el que la Corte Suprema invalidó partes de una ley estatal similar. Especialistas en derecho migratorio citados por Reuters han señalado que la coexistencia de sistemas estatales y federales podría generar incertidumbre jurídica. Los migrantes enfrentarían procesos distintos según la autoridad que intervenga. La demanda busca evitar este escenario mediante la suspensión inmediata de la normativa.
El tribunal federal deberá evaluar si concede una medida cautelar en las próximas semanas. Cabe recalcar que la querella se presentó porque el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE.UU. anuló el 24 de abril de este año una orden judicial previa emitida por un tribunal federal durante la administración del expresidente demócrata Joe Biden. La orden bloqueaba la aplicación de la ley estatal temporalmente. Por otro lado, la anulación del bloqueo de la normativa no abordó su constitucionalidad, según Reuters. Se anuló con el argumento de que las organizaciones que presentaron la demanda “carecían de legitimación para continuar con su caso”.
Así, los demandantes insisten en que el verdadero problema es su inconstitucionalidad. La nueva demanda busca corregir ese defecto procesal, afirmó Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU. “Todos los tribunales que han examinado el fondo de leyes como la SB 4 las han declarado inconstitucionales. La SB 4 es cruel e ilegal, y seguiremos luchando contra ella hasta que sea derogada definitivamente”, precisó el integrante de la organización.