La sesión, programada para el 20 de mayo en Washington D.C., analizará los retrocesos democráticos en Nicaragua y las tensiones con Estados Unidos.
El Congreso de Estados Unidos ha convocado para el próximo 20 de mayo una audiencia titulada “Enfrentando al régimen totalitario de Ortega-Murillo”, en la que se examinarán los recientes retrocesos democráticos en Nicaragua y las tensiones crecientes con Washington. La sesión, que se celebrará a las 2:00 p.m. en el Rayburn House Office Building en Washington D.C., será organizada por el Subcomité del Hemisferio Occidental y contará con la participación de Ana Quintana-Lovett, subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos.
El evento parlamentario refleja una preocupación específica dentro de la administración estadounidense por la consolidación del modelo autoritario impulsado por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los legisladores también observarán la expansión de los vínculos internacionales del gobierno sandinista con Rusia, China e Irán, aliados que han reforzado su cooperación con Managua en los últimos años. Este punto se suma a las inquietudes sobre los efectos que tales alianzas podrían tener para la seguridad y la política regional.
En la última etapa del mandato de Ortega y Murillo, el gobierno estadounidense ha intensificado las sanciones contra funcionarios, operadores y empresas asociadas al régimen, a quienes responsabiliza por violaciones sistemáticas de los derechos humanos, persecución de disidentes y debilitamiento institucional. Entre las medidas observadas por el Congreso destacarán también prácticas como el cierre de más de una decena de organizaciones civiles, la confiscación de universidades, la expulsión de miembros de la Iglesia católica, el encarcelamiento de opositores y restricciones impuestas a la prensa independiente en Nicaragua.
El Congreso de Estados Unidos también examina el impacto del éxodo de nicaragüenses y el destino de presos políticos, personas desnacionalizadas y ciudadanos desterrados. La atención parlamentaria hacia estos temas obedece a la combinación de crisis política, represión interna y colapso de la institucionalidad democrática documentados por organismos internacionales.
Ana Quintana-Lovett —quien funge como representante del Departamento de Estado para la ocasión— cuenta con experiencia previa en asuntos de democracia, seguridad y gobernabilidad en América Latina. Su comparecencia será clave para delinear las respuestas estadounidenses frente al endurecimiento del régimen nicaragüense.
El Subcomité del Hemisferio Occidental, organizador de la audiencia, tiene entre sus atribuciones la supervisión de los asuntos exteriores de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, incluidas materias de derechos humanos, migración, seguridad y fortaleza democrática.
La administración de Estados Unidos incrementó la presión sobre el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua con nuevas sanciones dirigidas al círculo familiar y financiero de la pareja presidencial. El Departamento del Tesoro impuso restricciones a dos hijos del mandatario y a altos funcionarios de áreas clave como minas, telecomunicaciones e inteligencia militar, a quienes se acusa de fomentar la inestabilidad regional y desarrollar redes de vigilancia civil.
Las medidas incluyen un bloqueo al sector del oro, columna vertebral de la economía nicaragüense, mediante restricciones a empresas de capital chino y locales, lo que representa un fuerte golpe a las principales fuentes de divisas del régimen. Ortega respondió con declaraciones públicas ofensivas hacia la administración de Donald Trump, a quien calificó de “desquiciado mental” tras la intensificación de las sanciones.
La ruptura diplomática se extiende a otros países del continente y Europa. Gobiernos vecinos, como el de Guatemala, han calificado al gobierno sandinista de antidemocrático, mientras que la cancillería nicaragüense rechaza cualquier señalamiento externo. El régimen también ha despojado de su nacionalidad a más de 300 opositores políticos, periodistas y religiosos, enviándolos al exilio y enfrentando denuncias internacionales por crímenes contra la humanidad y “muerte civil”.