Varios estados gobernados por el Partido Republicano implementaron medidas que exigen a agencias de salud pública informar a autoridades federales sobre el estatus migratorio de beneficiarios de Medicaid, lo que generó preocupación entre organizaciones de defensa de inmigrantes.
La política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump afecta especialmente a quienes utilizan programas públicos de salud como Medicaid. En distintos estados gobernados por republicanos comenzaron a aprobarse medidas que obligan a agencias estatales de salud a compartir información con autoridades federales cuando exista alguna duda sobre el estatus legal de los beneficiarios.
Según reportó CBS News, varios estados alineados con la agenda migratoria de Trump avanzaron más allá de las exigencias federales tradicionales. El caso más reciente es el de Carolina del Norte, que a fines de abril aprobó una ley que obliga a su departamento estatal de salud a alertar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cuando exista sospecha sobre el estatus migratorio de personas inscritas en Medicaid.
La iniciativa convirtió a Carolina del Norte en parte de un grupo creciente de estados controlados por republicanos que buscan utilizar agencias de salud pública como herramientas de control migratorio. De acuerdo con la información publicada por KFF Health News, también aprobaron leyes similares Indiana, Louisiana, Montana y Wyoming. En todos esos territorios, el Partido Republicano controla simultáneamente la gobernación y ambas cámaras legislativas estatales, una situación conocida como “trifecta republicana”.
La investigadora de políticas sanitarias de la Harvard Law School, Carmel Shachar, afirmó a KFF Health News que “este es un asunto que está muy presente en el radar político en este momento”.
De acuerdo con CBS News, la administración Trump impulsó directivas que permiten usar datos de Medicaid para ayudar a localizar personas que podrían enfrentar procedimientos migratorios. Las nuevas leyes estatales amplían ese mecanismo porque convierten a oficinas de salud estatales en colaboradoras activas de las autoridades migratorias.
En Tennessee, el proyecto de ley que espera la firma del gobernador republicano Bill Lee obligaría no solo a agencias sanitarias, sino a todas las dependencias estatales, a reportar a personas sospechadas de encontrarse en el país sin autorización legal.
La abogada migratoria de Carolina del Norte, Yesenia Polanco-Galdamez, declaró a KFF Health News: “Espero que esta ley haga que más familias se pregunten si es seguro buscar atención médica, si su información puede ser compartida con autoridades migratorias y si inscribir a un hijo o buscar tratamiento podría exponerlas a consecuencias migratorias”.
En 2023, Florida aprobó una ley que obliga a hospitales a preguntar a pacientes sobre su estatus migratorio. Un estudio de 2024 de la University of South Florida concluyó que esa legislación provocó temor entre inmigrantes, separaciones familiares y efectos psicológicos negativos, además de desalentar visitas médicas. Posteriormente, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, firmó una orden ejecutiva similar.
Un total de 21 estados se sumaron a una demanda presentada en California para impedir que el DHS utilice datos de Medicaid con fines de deportación. Un juez federal determinó que las identidades de los beneficiarios sí podían ser compartidas, aunque prohibió divulgar información médica específica. El litigio continúa abierto.
Más de 75 millones de personas están inscritas actualmente en Medicaid y en el programa relacionado Children’s Health Insurance Program (CHIP), destinado a menores de 19 años y familias de bajos ingresos. Las leyes federales ya prohíben que inmigrantes sin estatus legal reciban beneficios completos de Medicaid. Sin embargo, grupos de no ciudadanos que sí califican para cobertura médica pública incluyen titulares de green card, refugiados, asilados, personas con ciertos permisos humanitarios y algunos inmigrantes en proceso de regularización.