El juez federal Daniel Rafecas rechazó este jueves el pedido de suspensión cautelar de la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay. La decisión se produjo en medio de denuncias de irregularidades, advertencias diplomáticas de Estados Unidos y cuestionamientos de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.
El juez federal Daniel Rafecas rechazó este jueves el pedido para frenar la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay. La decisión se conoció horas después de que la agencia Reuters informara que el congresista republicano Brian Mast, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, envió una carta al secretario de Estado Marco Rubio alertando sobre una supuesta influencia china en el proceso licitatorio. Esa misma semana, el asesor presidencial Santiago Caputo viajó a Washington y se reunió con Mast, con Michael Jensen —director senior del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional— y con el embajador argentino Alec Oxenford.
La Hidrovía Paraná-Paraguay es la principal vía navegable de exportación de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Por allí transita el 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas, más de 80 millones de toneladas de granos y sus derivados por año. El contrato en licitación contempla el dragado, redragado, balizamiento y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal por 25 años, con inversiones estimadas en 10.000 millones de dólares y una facturación anual de entre 200 y 300 millones. La empresa belga Jan De Nul, que opera el canal desde 1995, compite contra DEME —también belga—, que incorporó al fondo estadounidense KKR, a Great Lakes Dredge & Dock y a Clear Street para fortalecer su oferta con capital norteamericano. El Gobierno excluyó de la licitación a empresas estatales extranjeras, lo que dejó afuera a las chinas.
El núcleo de las denuncias sobre la licitación apunta hacia los hermanos Juan, Patricio y Georgi Neuss, quienes son amigos del asesor presidencial Santiago Caputo desde la infancia. A través de su firma Edison Energía, fundada un año antes de empezar a ganar licitaciones, se adjudicaron la concesión de Transener por 300 millones de dólares junto a Genneia, de Jorge Brito Jr., y ganaron las concesiones de las represas Alicurá y Cerros Colorados. En la Hidrovía aparecerían como socios ocultos de Jan De Nul con una participación estimada del 50% del contrato a través de subcontrataciones no declaradas, según la denuncia de la diputada Marcela Pagano.
El otro punto de conflicto es de escala geopolítica: la alerta de Estados Unidos sobre una presunta influencia china en la oferta de Jan De Nul. El consorcio liderado por DEME, que quedó en segundo lugar en la evaluación técnica, trasladó a funcionarios de Washington que Servimagnus, el socio local de Jan De Nul, tendría vínculos con empresas chinas a través de Agrofina. Jan De Nul y Servimagnus rechazaron las acusaciones en un comunicado conjunto: “Las referencias que buscan instalar un supuesto vínculo de JDN y Servimagnus con capitales y empresas chinas son absolutamente falsas y malintencionadas”.
La semana pasada, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas emitió un dictamen formal ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9 advirtiendo sobre “serias y evidentes irregularidades” en el proceso. El organismo señaló ausencia de estudios de impacto ambiental, incumplimiento del Acuerdo de Escazú, falta de participación de las provincias ribereñas, cláusulas restrictivas en las impugnaciones y riesgos de direccionamiento del proceso. El diputado nacional Jorge Taiana, de Unión por la Patria, tomó ese dictamen como base para presentar un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados exigiendo la suspensión inmediata de la licitación.
Sin embargo, Rafecas rechazó el pedido de suspensión cautelar. El juez coincidió con el dictamen del fiscal Guillermo Marijuan y concluyó que no existen elementos suficientes ni un riesgo concreto que justifique detener el proceso. La licitación, por ahora, sigue su curso. Este martes 19 de mayo se abrió el tercer y último sobre de la licitación, correspondiente a la oferta económica. Tanto Jan De Nul como DEME ofertaron el piso de la banda tarifaria prevista en los pliegos. Como Jan De Nul había obtenido mayor puntaje en la evaluación técnica, quedó mejor posicionada. DEME dejó abierta la posibilidad de apelar el resultado, aunque la garantía de impugnación es de 10 millones de dólares.