La propuesta del Gobierno español para que el catalán, euskera y gallego sean lenguas oficiales de la Unión Europea no ha sido incluida en el orden del día del Consejo de Asuntos Generales durante el semestre de presidencia chipriota, que concluye en diciembre de 2025. La falta de unanimidad entre los Estados miembros impide avanzar en la tramitación.
La iniciativa impulsada por el Gobierno español para que el catalán, euskera y gallego adquieran estatus de lenguas oficiales en la Unión Europea se encuentra estancada. Según fuentes comunitarias consultadas por Europa Press, la última vez que el tema fue debatido en el Consejo de Asuntos Generales fue en julio de 2025, bajo presidencia danesa. Durante el semestre que encabezó Chipre, que concluye en diciembre de 2025, España no solicitó su inclusión en la agenda de ninguna reunión.
El Ejecutivo presentó la solicitud formal en agosto de 2023, en el marco del acuerdo con Junts para respaldar la investidura de Pedro Sánchez. Aprovechando la presidencia rotatoria española del Consejo de la UE en el segundo semestre de 2023, el asunto se llevó a debate en cuatro ocasiones. Posteriormente, se intentó retomar bajo las presidencias de Bélgica, Polonia y Dinamarca, sin éxito.
La necesidad de unanimidad entre los 27 Estados miembros es el principal obstáculo. El Gobierno ofreció asumir los costes adicionales —estimados por la Comisión Europea en unos 132 millones de euros anuales— y propuso una implementación parcial a partir de 2027, limitando las traducciones iniciales a los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo. También planteó incluir una declaración adjunta para evaluar futuras solicitudes “caso por caso”, con criterios como que la lengua sea históricamente originaria del país solicitante y esté reconocida en su Constitución durante al menos dos décadas.
Pese a estos esfuerzos, persisten las dudas entre los socios. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, afirmó que 20 de los 27 Estados miembros no se oponen, aunque otras fuentes elevan a al menos diez las delegaciones que han manifestado reparos. Alemania es uno de los países que mantiene objeciones, especialmente de índole jurídica. Tras un encuentro bilateral en mayo de 2025, el Ministerio de Exteriores alemán aclaró que no había modificado su postura.
El Gobierno sostiene que la oficialidad de las tres lenguas es una “prioridad”, pero diplomáticos de varios países consultados por Europa Press señalan que no la consideran tal, en un contexto internacional marcado por la guerra en Ucrania y otros conflictos. Además, los socios esperan un informe del servicio jurídico de la UE que disipe las dudas legales y financieras, pero España no ha solicitado su elaboración ni una evaluación de impacto completa por parte de la Comisión Europea.