El presidente Javier Milei citó a la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales como ejemplo de innovación institucional. Análisis de los casos de Delaware y Singapur muestran que el desarrollo financiero requiere un marco previo consolidado.
El 20 de marzo de 1602, los Estados Generales de las Provincias Unidas crearon por ley la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales (VOC), disuelta en 1799. Por primera vez en la historia, el Estado limitó legalmente la responsabilidad de los accionistas al capital invertido, dando origen a las sociedades por acciones y al primer mercado de capitales del mundo. La VOC gozó de monopolio comercial, poder de acuñar moneda y ejército propio, y su capitalización de mercado fue comparable a la de los gigantes tecnológicos actuales. La compañía quebró a finales del siglo XVIII por corrupción y burocracia.
En una publicación internacional, el presidente Javier Milei citó este evento como prueba de que la innovación institucional desata el capitalismo. Sin embargo, una lectura alternativa sostiene que aquella decisión se implementó en un país que ya contaba con un Estado consolidado, un Parlamento con autoridad real, un sistema judicial confiable, una moneda estable y décadas de construcción institucional. La innovación financiera surgió de ese contexto.
La misma lógica aplica a Delaware y Singapur, modelos que el gobierno argentino menciona como inspiración. En Delaware, el atractivo corporativo no surgió por decreto, sino de más de un siglo de construcción jurídica: una ley de sociedades actualizada anualmente, una Corte especializada en derecho comercial y una jurisprudencia acumulada que brinda certeza contractual. En Singapur, bajo la conducción de Lee Kuan Yew desde 1959, se estableció un modelo de fuerte intervención estatal y capitalismo de Estado. Recién en 1968 se habilitó el mercado asiático de divisas, en 1971 se creó la Autoridad Monetaria y el hub de inversiones llegó después, siempre como resultado de una secuencia institucional.
En la Argentina actual, la mitad de la economía está paralizada: la industria, la construcción y el comercio caen, la inflación supera el veinte por ciento anual y la población sigue comprando dólares por desconfianza. El capital no confía en las nuevas reglas, y el costo reputacional del país obligó a crear el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que genera asimetrías con las inversiones cotidianas. Las reglas no son iguales para todos, y el RIGI deberá ser evaluado ante shocks inesperados.
Se señala que primero es necesario construir un país con reglas de juego iguales, un sistema judicial creíble y confianza de la propia gente. La inversión en inteligencia artificial no preferirá un marco legal que puede cambiar en un día, sino centros con décadas de respaldo institucional. La VOC, Delaware y Singapur no son argumentos a favor de este modelo, sino exactamente el argumento en contra, según la visión crítica planteada.