Un informe de la Fundación Alternativas propone sustituir el sistema de unanimidad por un voto mayoritario selectivo o crear un directorio similar al Consejo de Seguridad de la ONU para agilizar las decisiones en política común de seguridad y defensa de la Unión Europea.
La política común de seguridad y defensa de la Unión Europea (UE) se desarrolla a través de decisiones acordadas por los Estados miembro por unanimidad. Sin embargo, voces han comenzado a cuestionar este sistema y proponen introducir cambios para decidir sobre defensa en aras de avanzar hacia la autonomía estratégica.
Así lo hace el autor del informe de la Fundación Alternativas ‘Una Europa más autónoma. ¿Cómo reducir nuestra dependencia militar y tecnológica?’, el consultor Carlos Martí, que propone un sistema de voto mayoritario o crear una nueva estructura de toma de decisiones, alegando que la unanimidad hace “imposible” una posición común “que vaya más allá del mínimo denominador”.
Martí explica que el Consejo Europeo define la política exterior y de seguridad común teniendo en cuenta los intereses estratégicos de la Unión Europea, incluidos los asuntos con repercusiones en el ámbito de la defensa. Pero matiza que, en la práctica, su capacidad de acción está limitada por la unanimidad, y considera que este mecanismo es el “talón de Aquiles” del modelo europeo.
“Cada uno de los 27 jefes de Estado o gobierno tiene un veto, de facto, sobre cualquier decisión de política exterior o de defensa que no sea trivial”, explica el autor en el trabajo, presentado recientemente. El ejemplo clásico es el de los países que mantienen afinidades con Rusia, como Hungría, que ha usado el veto para “bloquear o diluir innumerables posiciones comunes”, indica Martí. “Cuando la cohesión se resiente, el sistema se paraliza”, ahonda.
El experto considera que “la división entre la institución y los Estados” es una de “las líneas de fractura” dentro de la respuesta europea. “La UE como bloque ha quedado atrapada en la retórica de la ‘máxima moderación’, mientras que los estados nacionales —con distintas velocidades y posiciones— han actuado con mayor agilidad”, indica.
Martí incide en que la unanimidad requerida para pronunciarse sobre acciones militares de aliados hace imposible una posición común que vaya “más allá del mínimo denominador”. En esta línea, ilustra con otro ejemplo: “Bruselas no pudo articular ni siquiera una posición sobre si los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán eran o no legítimos”.
Así las cosas, el experto propone sustituir el sistema de unanimidad por un “sistema de voto mayoritario selectivo” que sería específico para cada cuestión en la política común de seguridad y defensa. Se emplearía para determinadas decisiones, acciones, posiciones, iniciativas o declaraciones, puntualiza Martí.
Además, podría incluir la delegación de ciertas decisiones “ciertas decisiones” a Estados miembro o grupos de Estados particulares, así como formatos específicos que se pudieran integrar o enlazar, ex post, en la UE, como el E-3. Mientras su principal ventaja sería la “flexibilidad”, tendría “inconvenientes”. El experto destaca soluciones ‘ad hoc’ “lentas”, “compartición de carga poco claras”, “impredecibilidad” y “debilidad”.
El problema de fondo para el experto es que los Estados miembro “temen perder control e influencia” con un sistema de voto mayoritario. Cree que esta opción sería aceptada si este voto tuviera en cuenta el tamaño de los Estados, pero esto es algo que los pequeños no desean porque se someterían al legitimar las decisiones de los grandes.
La otra opción establecería una nueva estructura y exigiría una “considerable” adaptación de la actual, expone Martí. Su implementación podría tener la forma de un Directorio, como un Consejo de Seguridad (UECS) por encima del Consejo Europeo como “centro neurálgico” de la política exterior y de seguridad común.
El experto teoriza que estaría formado por los cinco Estados miembro más grandes de la UE —Alemania, Francia, Italia, España y Polonia— y el presidente del Consejo Europeo como miembros permanentes de esta “súper formación”, acompañados por otros seis países de la UE de manera rotatoria. Y la Presidencia del Consejo de la UE siempre sería uno de los miembros no permanentes.
Martí se fija en el Consejo de Seguridad de la ONU para proponer una forma de organización de este mecanismo. “Los miembros permanentes calificarían por su tamaño y ubicación geográfica, pero también tendrían que estar dispuestos a invertir en bienes comunes y en capacidades y políticas compartidas”, señala.
“Tendrían que aceptar las decisiones conjuntas como vinculantes y poner la representación exterior, en mayor medida que hasta ahora, en manos conjuntas”, continúa. Avisa de que “eso no puede darse por sentado, pero sería imperativo para la aceptación interna de este directorio”.
“En este concepto, el Consejo Europeo en pleno funcionaría como algo parecido a un plenario deliberativo para discutir temas antes de que el directorio de doce miembros tome decisiones, pero perdería su papel como centro estratégico y, en última instancia, en política exterior”, agrega el experto.
Otra consideración es que todo el sustento de la política exterior de la UE tendría que adaptarse, sobre todo el Comité Político y de Seguridad (COPS), el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y la oficina del Alto Representante.
Martí considera de que “las disputas y rivalidades” serían “menos paralizantes” que las del Consejo de Seguridad de la ONU, pero avisa de que “no está garantizado plenamente” y se basa en las “experiencias históricas” como la discusiones entre Francia y Alemania también en “temas menores”, como puede ser el FCAS, proyecto suspendido —en el que también participaba España— debido a las discrepancias entre las industrias francesa y germana.
“En este sentido, este órgano no sería efectivo si los intereses y preferencias de los Estados miembro no convergen con más intensidad en temas de política exterior y de seguridad decisivos”, aclara Martí, que sitúa como el principal problema de esta opción “la pérdida del principio de igualdad y el peligro de exacerbar fricciones entre los Estados miembro, si los Estados que quedaron fuera vieran que sus intereses no estaban representados adecuadamente”.