Vox pidió a los servicios jurídicos de Castilla y León, Extremadura, Aragón y Andalucía que elaboren informes para determinar si la aplicación de la disposición de la Ley de Memoria Democrática, conocida como ‘ley de nietos’, invade competencias autonómicas.
Vox ha solicitado a los servicios jurídicos de Castilla y León, Extremadura, Aragón y Andalucía la elaboración de informes para analizar si la aplicación de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida como ‘ley de nietos’, supone una invasión de competencias autonómicas. La medida fue anunciada por el partido este miércoles.
La iniciativa forma parte de una estrategia que Vox viene desarrollando contra esta norma, que ya ha llevado al Tribunal Constitucional, la Junta Electoral Central e instituciones europeas. Según informó el partido, los informes buscarán determinar si los gobiernos autonómicos disponen de instrumentos legales para actuar frente al procedimiento de concesión de nacionalidades derivado de la ley.
La petición fue promovida por los vicepresidentes autonómicos de Vox en Castilla y León (Carlos Pollán), Extremadura (Óscar Fernández) y Aragón (Alejandro Nolasco). En Andalucía, la solicitud se realizará tras la toma de posesión de Manuel Gavira como vicepresidente de la Junta.
Vox sostiene que el proceso de nacionalización se desarrolla de forma “opaca y sin control alguno” y que facilita la incorporación “masiva y fraudulenta” de personas extranjeras al censo electoral. El partido afirmó que la norma “compromete la limpieza de futuros procesos democráticos”, en particular las elecciones generales previstas para 2027.
Óscar Fernández, vicepresidente de Extremadura, declaró que la formación utilizará todas las vías institucionales para intentar impedir la aplicación de la norma, a la que calificó como parte de la “nefasta política migratoria” del Gobierno. La dirección nacional del partido enmarcó esta actuación dentro de una ofensiva coordinada en niveles local, autonómico, nacional y europeo.