Un informe del CELS indica que 227.354 solicitudes de pensión por discapacidad están pendientes de resolución. Las pensiones aumentaron un 24,3% en el último año, frente a una inflación del 33,5%, según el Indec.
Según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), al 30 de abril de 2026, 227.354 personas aguardan la resolución de su solicitud de pensión por discapacidad. De ese total, el 72% inició el trámite antes del 31 de diciembre de 2023, y 90.791 lo hicieron entre enero de 2024 y abril de 2026. Entre el 1 de enero de 2024 y el 30 de abril de 2026, el organismo resolvió 10.374 solicitudes: 8.633 fueron otorgadas y 1.741 rechazadas.
El CELS señaló que “la proporción entre lo resuelto y lo pendiente expone una parálisis”.
En los últimos doce meses, las pensiones por discapacidad perdieron nueve puntos porcentuales en relación con la inflación. Según el Indec, la inflación entre junio de 2025 y junio de 2026 fue del 33,5%. En ese período, las pensiones pasaron de $283.306 a $352.322, incluido un bono de $70.000, lo que representa un incremento del 24,3%.
Alex Goldman, presidente de la Fundación IPNA y representante del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Caidis), declaró a PERFIL que “el Estado eligió el camino más cómodo: cumplir con lo mínimo indispensable y dejar que el resto se resuelva en tribunales”. Goldman afirmó que la institución que preside “depende de un arancel desfasado que el Estado nacional no actualiza al ritmo real de los costos”.
Pablo Molero, presidente del Foro Permanente de Discapacidad, sostuvo que “todavía es más lo que está en la letra que lo que se ha concretado”. Agregó que “concretado fehacientemente es que todos los meses se da un aumento a los prestadores según la inflación”, pero que la base de esos incrementos está desactualizada. Molero afirmó que la ley estableció una compensación para los prestadores que “al día de hoy, no sabemos cuándo se va a pagar”. Señaló que la respuesta suele ser que el Ministerio de Economía no libera los fondos. Indicó que sí se aplica el pago del 40% del salario básico a los trabajadores de talleres protegidos.
Gabriela Bruno, activista y secretaria de Inclusión para Personas con Discapacidad del Partido Socialista, afirmó que en la reglamentación de la ley “tocaron algunas cosas mínimas, pero no resolvieron los problemas estructurales”. Sostuvo que “no tomaron ninguna medida que le devolviera dignidad a las personas con discapacidad”. Bruno señaló que “no reglamentaron ningún mecanismo concreto para financiar el sistema que existe a través de la ley 24.901”. Añadió que “tienen una clara posición de no inyectar recursos a la Secretaría Nacional de Discapacidad”.
En una carta enviada al presidente de la Sala II de la Cámara Federal de San Martín, organizaciones como CELS y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) señalaron que “hogares, centros de día, centros educativos terapéuticos, transportistas y demás prestadores se ven obligados a reducir servicios, endeudarse o cerrar sus puertas ante el profundo atraso de los aranceles y el aumento sostenido de los costos”. Las consecuencias, agregaron, “recaen directamente sobre las personas con discapacidad y sus familias, las cuales sufren la interrupción de apoyos esenciales, pérdida de tratamientos, dificultades para acceder al transporte, retrocesos en procesos de inclusión social, educativa y laboral, y mayores niveles de aislamiento y dependencia”.
Las organizaciones también mencionaron la derogación del régimen de compensaciones para los pasajes gratuitos en el transporte de larga distancia y “la falta de participación efectiva de las organizaciones representativas en el diseño de las políticas públicas”.
PERFIL intentó obtener declaraciones de fuentes de la Secretaría Nacional de Discapacidad. La consulta fue derivada al Ministerio de Salud, desde donde no se ofreció respuesta.