El derecho de familia experimenta una transformación: la patria potestad es reemplazada por la responsabilidad parental, un modelo donde la autoridad se ejerce como deber en beneficio del menor, según la autonomía progresiva.
El derecho de familia atraviesa una transformación: la antigua patria potestad cede paso a la responsabilidad parental, un modelo donde la autoridad se convierte en un deber ejercido en beneficio del menor. Este cambio se basa en la autonomía progresiva, que reconoce la capacidad gradual de los menores para ejercer sus derechos a medida que se desarrollan.
La Convención sobre los Derechos del Niño estableció el fundamento de este nuevo paradigma, al reconocer a los niños como sujetos de derecho y no solo como destinatarios de protección. A partir de ese tratado, la pregunta central pasó de qué pueden decidir los padres por sus hijos a cuánto debe participar el niño en las decisiones que afectan su vida.
Diversos ordenamientos occidentales, como los de España, Francia, Italia y varios países latinoamericanos, han reformulado sus legislaciones para adoptar el concepto de responsabilidad parental. La jurisprudencia internacional, incluida la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, continúa ampliando el alcance de este principio.
La autonomía progresiva no implica que los hijos decidan todo ni que los padres pierdan autoridad, sino que la autoridad solo es legítima cuando educa para la libertad y acompaña el crecimiento de la persona. El desafío del Derecho de Familia global es equilibrar el reconocimiento de nuevos derechos con el deber de protección, evitando tanto el paternalismo excesivo como el abandono de responsabilidades parentales.