La administración de Donald Trump puso fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de haitianos, lo que provocó suspensiones laborales en Florida y otras regiones, mientras las empresas y los trabajadores enfrentan incertidumbre.
La decisión de la administración de Donald Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de haitianos comenzó a tener consecuencias en distintos lugares de Estados Unidos. En Florida, restaurantes, centros de atención para adultos mayores y otras empresas suspendieron trabajadores cuyos permisos de trabajo dejaron de figurar como válidos, mientras miles de inmigrantes enfrentan la posibilidad de perder su empleo y ser deportados.
Uno de los casos ocurrió en Key West. Bobby Kuchinsky, gerente general del restaurante Half Shell Raw Bar, confirmó que suspendió a seis empleados haitianos después de verificar en el sistema oficial que sus permisos de trabajo ya no figuraban como válidos. Durante más de una década, esos trabajadores desempeñaron tareas en el restaurante, desde la cocina hasta la preparación de mariscos. Kuchinsky explicó que optó por suspenderlos, en lugar de despedirlos, porque espera que la situación pueda modificarse si existen cambios judiciales o administrativos.
La Corte Suprema autorizó el 25 de junio al gobierno a avanzar con la finalización del TPS mientras continúa el litigio en tribunales inferiores. La medida afecta a aproximadamente un millón de personas de más de una docena de países, entre ellas unos 350.000 haitianos que residían y trabajaban legalmente en Estados Unidos desde 2010.
Empresas sin respuestas claras
En ocasiones anteriores, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) había extendido automáticamente los permisos laborales mientras avanzaban los procesos judiciales. Sin embargo, esta vez la agencia no prorrogó las autorizaciones cuando expiraron, lo que dejó a empleadores y trabajadores sin certezas sobre cómo proceder.
El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo ante AP que el TPS siempre fue concebido como un programa temporal y alentó a los beneficiarios haitianos a aceptar un incentivo económico de 2.600 dólares para regresar a su país mediante un vuelo financiado por el gobierno.
La incertidumbre afecta a sectores que dependen de mano de obra inmigrante. Miriam Singer, directora ejecutiva de Jewish Community Services of South Florida, señaló que la organización debió comunicar a 18 empleados que ya no podían continuar trabajando. Muchos de ellos brindaban atención domiciliaria a sobrevivientes del Holocausto.
Robert Dominguez, asesor jurídico de la consultora Engage PEO, explicó que las modificaciones constantes dificultan el cumplimiento de las normas por parte de los empleadores, especialmente en industrias como la hotelería, la construcción y el cuidado de personas mayores. Katie Smith Sloan, directora ejecutiva de LeadingAge, afirmó: “Estos proveedores y los propios pacientes llevan meses lidiando con muchísima incertidumbre. Y ahora parece que todo está a punto de estallar”.
El temor a regresar a Haití
Para muchos haitianos, la pérdida del permiso laboral implica el riesgo de regresar a un país con una profunda crisis de seguridad. Según datos citados por AP, casi 1,5 millones de personas fueron desplazadas por la violencia de las pandillas en Haití. Además, más de la mitad de los cerca de 12 millones de habitantes necesita ayuda humanitaria y, desde enero, más de 2.300 personas murieron y otras 1.100 resultaron heridas como consecuencia de la violencia, de acuerdo con Naciones Unidas.
Uno de los empleados suspendidos en el restaurante de Key West, un hombre de 62 años que prefirió mantener su identidad en reserva, aseguró que cada jornada siente que podría ser la última en Estados Unidos. Explicó que envía alrededor de 550 dólares mensuales a su esposa y a sus dos hermanos en Haití y teme no poder sostenerlos si pierde definitivamente su empleo. “Tengo miedo de ser detenido, deportado y enviado de vuelta a Haití, de que me maten allí”, dijo.
La preocupación también alcanza a quienes tienen solicitudes de asilo pendientes. Bendy Gabriel, cocinero del mismo restaurante, afirmó que aún conserva un permiso laboral vinculado a su solicitud de asilo, vigente hasta 2030, aunque vive con temor ante la posibilidad de una deportación. Padre de un niño nacido en Estados Unidos, explicó que su salario le permite cubrir el alquiler, mantener a su familia y enviar dinero a su padre en Haití. Si pierde ese ingreso, advirtió, el impacto alcanzará tanto a su hogar en Estados Unidos como a sus familiares que dependen de esa ayuda económica. “Hay días en que tengo miedo. Si los agentes de inmigración me atrapan y me llevan de vuelta a mi país, me matarán cuando llegue allí”, dijo el hombre de 36 años.
Con información de AP.