Argentina, Chile y el Reino Unido mantienen reclamos de soberanía sobre la Antártida. El Tratado Antártico de 1959 y el Protocolo de Madrid de 1991 establecen el marco legal vigente, que incluye la prohibición de explotación mineral y la suspensión de los reclamos territoriales.
La Antártida es objeto de reclamos de soberanía por parte de Argentina, Chile y el Reino Unido, entre otros países. En los mapas escolares de cada nación, el territorio se representa con delimitaciones que se superponen. Argentina mantiene una presencia continua desde 1904 en la estación meteorológica de Orcadas, la más antigua del continente. En 1978, Argentina trasladó a una mujer embarazada a la Base Esperanza, donde nació la primera persona en el continente. Chile, por su parte, estableció Villa Las Estrellas en 1984, donde funciona una escuela y un registro civil. El Reino Unido administra una oficina postal en Port Lockroy.
El Tratado Antártico, firmado en 1959, estableció el uso pacífico del continente, la libertad de investigación científica, la prohibición de actividades nucleares y la suspensión de los reclamos de soberanía. El artículo IV del tratado congela los reclamos existentes, pero no los resuelve. El Protocolo de Madrid, adoptado en 1991, designó a la Antártida como reserva natural y prohibió la explotación de recursos minerales, excepto para investigación científica.
El Protocolo de Madrid no tiene una fecha de vencimiento. El artículo 25 del protocolo establece que, después de cincuenta años de su entrada en vigor, cualquier parte consultiva puede solicitar una conferencia de revisión. Cualquier enmienda requeriría el voto de tres cuartos de las partes, incluidos todos los estados consultivos de 1991. El artículo 7, que prohíbe la explotación mineral, no puede modificarse sin un régimen minero jurídicamente obligatorio previo.
El Anexo VI del Protocolo de Madrid, adoptado en 2005, establece un régimen de responsabilidad por daños ambientales. Este anexo no ha entrado en vigor hasta la fecha. Es el único de los seis anexos del protocolo que no se aplica.
El Reino Unido completó recientemente su mayor inversión en infraestructura de ciencia polar desde la década de 1980. Chile impulsa a Punta Arenas como puerta de entrada al continente. Argentina mantiene su programa científico, aunque enfrenta restricciones presupuestarias.
China ha incrementado su presencia en la Antártida y utiliza la fórmula de “uso racional” de los recursos, según la Convención del Mar. La pesquería de krill registró capturas récord en la última temporada, lo que llevó a un cierre anticipado por primera vez en la historia.
El artículo 16 del Protocolo de Madrid, que establece la responsabilidad por daños ambientales, se implementó mediante el Anexo VI en 2005. Este anexo no ha sido ratificado por todas las partes necesarias para su entrada en vigor.
El Tratado Antártico y el Protocolo de Madrid no establecen un régimen de propiedad colectiva. El preámbulo del tratado menciona el uso pacífico “en interés de toda la humanidad”, pero no define una titularidad común.
El derecho del mar declaró los fondos oceánicos como “patrimonio común de la humanidad” y creó una autoridad internacional con representación de todos los estados. Este modelo difiere del sistema antártico, que no establece una autoridad central.
El Foro Económico Mundial ha definido la soberanía como interdependencia estratégica entre socios confiables. Estonia, por ejemplo, aloja sus registros estatales en Luxemburgo bajo ley estonia.
Las partes del Tratado Antártico se reunirán en conferencias periódicas. El artículo IX del tratado condiciona la participación de los estados adherentes a la demostración de investigaciones científicas importantes.
Los reclamos de soberanía sobre la Antártida permanecen suspendidos según el artículo IV del tratado. Ninguna actividad realizada durante la vigencia del tratado puede ser utilizada para fundamentar, ampliar o renunciar a dichos reclamos.