La Legislatura de Córdoba actualiza los requisitos para la incorporación y permanencia de asistentes legislativos, mientras el legislador Oscar Agost Carreño impulsa un sistema de verificación permanente de antecedentes.
La Secretaría Administrativa de la Unicameral de Córdoba proyecta un nuevo régimen para reforzar las condiciones de contratación y seguimiento de los asistentes legislativos, en respuesta a los casos de colaboradores del legislador Ramón “Cañito” Flores que registraban antecedentes judiciales. La actualización se plasmará en un decreto de la presidencia de la Legislatura y apuntará a fortalecer los controles sobre el personal permanente y contratado.
La medida incluye la renovación cada seis meses del Certificado de Buena Conducta y del Certificado de Antecedentes Penales del Registro Nacional de Reincidencia. Según se informó, el objetivo es que la verificación de antecedentes no quede limitada al momento del ingreso, sino que exista un seguimiento periódico durante la permanencia del trabajador en la cámara.
Los casos que motivaron esta decisión incluyen al asesor José Aníbal Ricardo Villarreal, detenido e imputado por presunto abuso sexual con acceso carnal y grooming, y a Ariel Alejandro Rodríguez, quien registra una condena firme a tres años y seis meses de prisión por peculado y usurpación. Ambos fueron desvinculados de la Legislatura tras conocerse sus antecedentes.
En paralelo, el legislador Oscar Agost Carreño (PRO) presentó un proyecto para crear un sistema permanente de verificación de antecedentes y situaciones judiciales que alcance a todo el personal legislativo. La iniciativa propone consultas frecuentes al Registro Nacional de Reincidencia, la Policía de Córdoba, el Poder Judicial provincial y otros organismos, con una periodicidad máxima de 15 días.
“Los casos que conocimos son gravísimos y naturalmente requieren explicaciones sobre cómo funcionaron los mecanismos de selección y control. Pero tenemos que ir más allá de la polémica y corregir el problema institucional. Un certificado de antecedentes es una fotografía del día en que se emite. Si al día siguiente aparece una imputación o una condena, la Legislatura no puede enterarse seis meses después”, sostuvo Agost Carreño.
El proyecto contempla la creación de un protocolo institucional de actuación que diferencie entre condenas firmes, procesos penales en trámite, imputaciones, medidas cautelares y otras situaciones judiciales. También establecería procedimientos específicos para delitos contra la integridad sexual, hechos que involucren a niñas, niños y adolescentes, violencia de género, trata y explotación de personas, y delitos contra la administración pública.
“Esto no puede depender de que cada legislador investigue permanentemente a sus asesores ni puede activarse solamente cuando un caso llega a los medios. El control tiene que ser responsabilidad de la Legislatura, con las mismas reglas para el oficialismo y para la oposición”, afirmó.
Además, Agost Carreño impulsa desde abril un proyecto para reformar el régimen provincial de antecedentes penales, que plantea derogar la Ley Provincial N° 8.691 y utilizar el Registro Nacional de Reincidencia como fuente única, centralizada y uniforme de información.