A cuatro años del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, un grupo de dirigentes de distintos espacios políticos firmó un documento que advierte sobre los discursos de odio y el lawfare. El gobernador Axel Kicillof y otros funcionarios bonaerenses también se pronunciaron en redes sociales.
Un conjunto de dirigentes y referentes de distintos partidos y espacios políticos, encabezados por el Partido Justicialista, firmaron una declaración conjunta titulada “La democracia no admite la eliminación del adversario”, en la que reivindican la figura de Cristina Fernández de Kirchner a cuatro años del atentado que sufrió el 1 de septiembre de 2022, cuando ejercía la Vicepresidencia de la Nación.
El texto, difundido a cuatro años del ataque, advierte sobre los discursos de odio, las noticias falsas y el lawfare como antecedentes que “hicieron posible” el intento de magnicidio. El documento sostiene que aquel episodio “no puede ser reducido a un episodio aislado ni desvinculado del clima político que lo precedió” y señala que durante años la Argentina asistió a la instalación de discursos de odio, campañas de estigmatización, noticias falsas, operaciones de desinformación y distintas formas de violencia política dirigidas contra quienes participan de la vida pública, “de manera particularmente intensa” contra la expresidenta.
Los firmantes atribuyen buena parte de ese clima a la llamada antipolítica, que describen como un sentido común construido y alimentado por sectores del poder económico concentrado y amplificado a través de medios de comunicación, redes sociales y plataformas digitales. En ese marco, el texto también apunta contra las prácticas de lawfare, entendidas como la utilización de mecanismos judiciales, políticos y comunicacionales para perseguir, disciplinar o excluir dirigentes de la competencia democrática.
La declaración plantea que existe una frontera que “ninguna democracia puede permitirse cruzar”: el pasaje de la eliminación simbólica del adversario a la posibilidad de su eliminación física, y recuerda que el 1° de septiembre de 2022 el país estuvo “a centímetros” de atravesarla. También vincula la reflexión con los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, aunque aclara que se trata de contextos históricos diferentes y que no corresponde establecer equivalencias simplificadoras.
Los firmantes destacan además que el planteo no interpela exclusivamente al peronismo ni a quienes acompañan a la expresidenta, sino “al conjunto del sistema democrático argentino”, y llaman a que los partidos políticos, más allá de su identidad ideológica, acuerden que al adversario se lo enfrenta con ideas, argumentos, organización política y votos, nunca con persecución.
El comunicado cierra con un mensaje de “abrazo” y “solidaridad” a Cristina Fernández de Kirchner y con las consignas “nunca más la eliminación del adversario” y “nunca más la violencia política”.
Entre los firmantes figuran José Mayans por el Partido Justicialista; Diego Giuliano y Sergio Massa por el Frente Renovador; Miguel Ángel Pichetto por Encuentro Republicano Federal; Martín Sabbatella por Nuevo Encuentro; Guillermo Moreno por Principios y Valores; Leopoldo Moreau por el Movimiento Nacional Alfonsinista; y Juan Grabois por Patria Grande. También, Ricardo Alfonsín por el Frente Amplio por la Democracia; Federico Storani por Radicalismo Auténtico; Carlos Castagneto por Kolina; Mario Secco por el Frente Grande; Emilio Pérsico por La Patria de los Comunes; Carlos Heller por el Partido Solidario; Jorge Rivas por Unidad Socialista; Claudio Lozano por Unidad Popular; Gustavo López por Forja; Esteban San Pedro por el Partido de la Victoria; Eduardo Sigal por Espacio Popular; Juan Carlos Alderete por el PTP-PCR; Lucrecia Monteagudo por el Partido Intransigente; Jorge Kreyness por el Partido Comunista; Matías Barroetaveña por Nueva Dirigencia; y Humberto Tumini por Libres del Sur.
Kicillof: “Seguimos exigiendo que se haga justicia”
En paralelo a la declaración conjunta, distintos funcionarios de la provincia de Buenos Aires se manifestaron en redes sociales por el aniversario del ataque. El gobernador Axel Kicillof calificó como grave que, a cuatro años del hecho, “la investigación no haya arrojado ningún resultado sobre los autores intelectuales”.
En el mismo mensaje, Kicillof vinculó la situación judicial de la expresidenta con la falta de avances en la causa por el atentado y afirmó que “Cristina continúa injustamente detenida y el intento de asesinato que sufrió sigue impune”. Para el gobernador, se trata de “dos caras de una misma moneda”: un supuesto “plan para disciplinar al campo popular y amedrentar a todos los que quieran representar a nuestro pueblo”. Finalmente, reclamó avances en la investigación: “Seguimos exigiendo que se haga justicia”.
El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, calificó el episodio como una de las imágenes “más tristes y dolorosas” de la historia democrática reciente del país, y llamó a reflexionar sobre los discursos de odio y la violencia política. Kreplak sostuvo que la construcción de una democracia plena requiere respetar la voluntad popular, desterrar la violencia como forma de hacer política y esclarecer “todas las responsabilidades” detrás del intento de magnicidio.
En tanto, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, también se pronunció en la misma línea: pidió esclarecimiento por “el acto de violencia política más grave de la democracia contemporánea” y reivindicó la inocencia de Fernández de Kirchner, a quien calificó de “injustamente detenida”. Su par de Trabajo, Walter Correa, sostuvo que el intento de magnicidio “sigue impune” y que la falta de esclarecimiento responde a “una única estrategia” orientada a amedrentar al movimiento obrero, a sus dirigentes y a todo trabajador que defienda los intereses del pueblo. “Sin justicia, no hay democracia”, afirmó.
En el mismo sentido se expresó el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, quien remarcó que a cuatro años del hecho Fernández de Kirchner “sigue injustamente detenida” y que todavía no se conoce “toda la verdad” sobre el que definió como el intento de magnicidio “más grave desde la vuelta de la democracia”. El funcionario señaló que seguirán exigiendo “verdad y justicia”. En igual tono, la jefa de Asesores de la Gobernación, Cristina Álvarez Rodríguez, definió el ataque como “el hecho de violencia política más grave de las últimas décadas” y exigió que la Justicia avance en la investigación para determinar a los autores intelectuales, en el mismo posteo en que cuestionó la condena judicial contra la expresidenta.