La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, se declaró competente para intervenir en la acción preventiva de daño ambiental colectivo presentada por el CECIM y la AAdeAA contra las petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum por el proyecto Sea Lion. La resolución no suspende el avance del emprendimiento pero habilita la intervención del Juzgado Federal de Río Grande.
La Justicia Federal dio un nuevo paso en la causa que busca frenar el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion en aguas próximas a las Islas Malvinas. La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, se declaró competente para intervenir en la acción preventiva de daño ambiental colectivo presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) contra las petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited (NPDP).
La resolución, conocida este miércoles, no suspende el avance del emprendimiento, pero habilita formalmente la intervención del Juzgado Federal de Río Grande en una causa que combina reclamos ambientales con el conflicto de soberanía sobre las Islas Malvinas. Los demandantes solicitan que las empresas se abstengan de iniciar o continuar obras, perforaciones e instalaciones hasta que se realice el procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto por la Ley General del Ambiente ante las autoridades argentinas.
Para fundamentar su competencia, la magistrada hizo propios los argumentos del Ministerio Público Fiscal y sostuvo que existen razones concurrentes por la materia, el territorio y la jurisdicción internacional para que el expediente permanezca en la Justicia Federal. En ese sentido, destacó que el proyecto se desarrolla en aguas del Atlántico Sur que, por su dinámica oceanográfica y conectividad ecosistémica, integran las ecorregiones Mar Argentino e Islas del Atlántico Sur, por lo que una eventual degradación ambiental alcanzaría recursos de carácter interjurisdiccional.
Borruto también remarcó que la infraestructura prevista para Sea Lion —pozos submarinos, una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO), líneas de flujo y risers— se instalará sobre el lecho y el subsuelo de la plataforma continental sometida a la jurisdicción marítima argentina. A ello sumó que detrás del planteo ambiental también subyace una cuestión vinculada con la defensa de la soberanía nacional, al considerar que el territorio, los recursos naturales y el ambiente constituyen bienes colectivos de interés federal.
La jueza ordenó además dar intervención a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a través de su Fiscalía de Estado, al entender que el espacio marítimo e insular integra el territorio provincial y que las provincias conservan el dominio originario sobre sus recursos naturales. Asimismo, dispuso consultar el Registro Público de Procesos Colectivos para verificar la existencia de causas similares antes de avanzar con el trámite del expediente.
Pese al avance procesal, la magistrada todavía no resolvió el pedido de medidas cautelares para suspender el proyecto. Ese planteo quedó pendiente hasta que se completen distintos requisitos formales, entre ellos la traducción de documentación extranjera, la incorporación de documentación remitida mediante enlaces electrónicos y la verificación de que no existan acciones paralelas sobre el mismo objeto.
La causa judicial se desarrolla mientras las compañías mantienen en marcha el proyecto Sea Lion, considerado el mayor desarrollo hidrocarburífero previsto en las aguas próximas a las Islas Malvinas. El yacimiento se ubica a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago, sobre una profundidad cercana a los 450 metros, y es operado por la israelí Navitas Petroleum junto con la británica Rockhopper Exploration.
El descubrimiento del reservorio fue anunciado en 2010, aunque el proyecto avanzó definitivamente recién en diciembre de 2025, cuando ambas compañías adoptaron la Decisión Final de Inversión (FID), paso que habilitó el desarrollo comercial del emprendimiento tras considerar demostrada su viabilidad técnica y económica.
Según la información difundida por Navitas, Sea Lion cuenta con 314 millones de barriles de reservas probadas y probables. La primera etapa prevé producir alrededor de 50.000 barriles diarios, con el inicio de la extracción comercial proyectado para marzo de 2028.
El plan contempla una inversión inicial de 1.800 millones de dólares hasta la obtención del primer petróleo, a los que se sumarán otros 2.100 millones de dólares durante el resto de la explotación, estimada en unos 30 años.
El desarrollo fue dividido en distintas fases. La primera se concentrará en el Área de Desarrollo Norte (NDA), donde se perforarán 11 pozos submarinos conectados a una plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga. Tres años después comenzará una segunda etapa en la misma área con otros 12 pozos. Posteriormente se avanzará sobre el Área de Desarrollo Central (CDA), que contempla otros 38 pozos distribuidos en dos fases. En total, el proyecto prevé la perforación de más de 60 pozos submarinos.
La decisión de la Justicia de Tierra del Fuego se conoce en medio de una renovada agenda oficial sobre la cuestión Malvinas. En las últimas semanas, el Gobierno anunció sanciones contra empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en el archipiélago, aceleró el proyecto de la Base Naval Integrada de Ushuaia y volvió a colocar la disputa por los recursos naturales del Atlántico Sur entre los ejes de su política hacia las islas.