La Abogacía General de la Unión de Brasil solicitó a la Policía Federal y al Ministerio Público Federal investigar el posible uso de recursos del Gobierno de Estados Unidos para financiar organizaciones brasileñas que cuestionan la actuación del Supremo Tribunal Federal.
La Abogacía General de la Unión (AGU) de Brasil solicitó a la Policía Federal (PF) y al Ministerio Público Federal (MPF) investigar el posible uso de recursos del Gobierno de Estados Unidos para financiar organizaciones brasileñas que cuestionan la actuación del Supremo Tribunal Federal (STF).
La solicitud fue presentada por el abogado general de la Unión, Jorge Messias, al director general de la PF, Andrei Rodrigues, y al fiscal general de la República, Paulo Gonet, según confirmó la Agencia Noticias Argentinas.
La AGU pidió identificar a los responsables de la eventual operación y a los destinatarios de los recursos en Brasil, así como determinar si el dinero fue utilizado para influir en el debate político e institucional del país.
La iniciativa se basa en una investigación publicada por el diario británico The Guardian, según la cual el Gobierno estadounidense destinó 1 millón de dólares (unos 5,2 millones de reales) al proyecto “Combatting Lawfare and Censorship in Brazil”.
El proyecto estaría destinado a respaldar a organizaciones de la sociedad civil que cuestionan lo que sus promotores califican como “exceso judicial” y “censura” por parte del STF.
Los recursos procederían del Fondo de Derechos Humanos y Democracia del Departamento de Estado estadounidense. Según documentos oficiales citados en la investigación, decenas de proyectos recibieron financiación de ese fondo, continúa el informe de Xinhua.
Para la AGU, la eventual utilización de recursos extranjeros para financiar iniciativas dirigidas contra instituciones brasileñas requiere una investigación para determinar si se produjo alguna interferencia externa en asuntos internos del país.
Messias afirmó que las diferencias entre gobiernos forman parte de las relaciones internacionales, pero defendió que los intereses políticos extranjeros no interfieren en el funcionamiento de las instituciones brasileñas.