Una nueva normativa federal en EE.UU. restringe el acceso a préstamos estatales para emprendimientos, exigiendo que todos los dueños sean ciudadanos estadounidenses, lo que afecta a residentes permanentes y otros migrantes.
La política de crédito para pequeñas empresas en Estados Unidos ha cambiado. Desde el 1° de marzo de 2026, una nueva regulación federal modificó los requisitos para acceder a los préstamos respaldados por el Estado, lo que podría excluir a miles de migrantes que antes podían participar del sistema.
Según un comunicado oficial de la Small Business Administration (SBA), la modificación fue formalizada el 2 de febrero y comenzó a regir el 1° de marzo. La actualización impacta directamente en el programa de préstamos 7(a), el principal instrumento de financiamiento para pequeñas empresas en el país.
De acuerdo con el organismo, a partir de la fecha de entrada en vigencia, se exige que el 100% de los propietarios —tanto directos como indirectos— de una empresa solicitante sean ciudadanos o nacionales estadounidenses. Esta decisión implica la exclusión de personas que no cumplan con ese criterio, incluidos los residentes permanentes (titulares de green card).
Hasta diciembre de 2025, la regulación permitía una participación limitada de extranjeros en las empresas que solicitaban financiamiento. El comunicado de la SBA también establece la eliminación de una excepción específica que habilitaba ese pequeño porcentaje de participación extranjera.
El programa 7(a) es el más relevante dentro del esquema de financiamiento federal para pequeñas empresas. Este sistema permite a los emprendedores acceder a préstamos de hasta cinco millones de dólares, con respaldo del gobierno. Los fondos se utilizan comúnmente para capital de trabajo, compra de equipos o expansión de negocios.
El funcionamiento del programa se basa en garantías estatales que cubren entre el 75% y el 85% del préstamo otorgado por entidades privadas, lo que reduce el riesgo para los bancos y facilita el acceso al crédito.
Según informes, la SBA argumentó que el cambio busca alinear su política con una orden ejecutiva firmada en enero de 2025 por el presidente Donald Trump, titulada “Protecting the American People Against Invasion”. Desde el organismo sostuvieron que el objetivo es asegurar que los recursos públicos se destinen exclusivamente a ciudadanos estadounidenses y fomentar la creación de empleo dentro de ese grupo.
En ese sentido, la vocera de la SBA, Maggie Clemmons, afirmó que la agencia está comprometida con impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo para ciudadanos del país. También señaló que la intención es garantizar que cada dólar administrado por la entidad beneficie a emprendedores estadounidenses.