A través de una resolución oficial, el Poder Ejecutivo estableció una recompensa para quien aporte datos sobre el paradero del prófugo, cuya extradición a Chile fue firmada por el presidente Javier Milei.
El Gobierno nacional anunció este martes, mediante la Resolución 302/2026 publicada en el Boletín Oficial, que ofrecerá una recompensa de hasta 20 millones de pesos a cambio de información útil sobre el paradero del exguerrillero chileno Galvarino Apablaza, quien se encuentra prófugo desde hace una semana. La medida establece que quienes tengan datos, “sin haber intervenido en los hechos delictuales”, pueden comunicarse a la línea telefónica 134.
Apablaza es reclamado por la Justicia chilena por su presunta participación en el asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991. Detenido por primera vez en Argentina en 2004, obtuvo el estatus de refugiado político en 2010 durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner. El proceso de extradición, solicitado formalmente por Chile hace un mes, había quedado en suspenso durante años debido a recursos judiciales. Recientemente, la Justicia federal ordenó su detención inmediata al considerar que había dejado de “estar a derecho” en el juicio.
El anuncio de la recompensa se produce en el marco de la visita a la Argentina del presidente chileno, José Antonio Kast, quien este lunes se reunió con su par argentino, Javier Milei, en la Casa Rosada. Tras el encuentro, Kast agradeció públicamente el compromiso de Milei con el caso, afirmando que “ha hecho por este caso mucho más que en años anteriores” y expresando su confianza en que “tarde o temprano, el prófugo Apablaza va a rendir cuentas ante la Justicia”.
Por otro lado, Rodolfo Yanzón, abogado y representante de Apablaza, presentó una denuncia ante el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas, solicitando la intervención del organismo para frenar lo que calificó como un “ilegal proceso de detención con fines a extradición”. Frente a estas declaraciones, el presidente Kast aseguró que, de ser extraditado, Apablaza recibirá en Chile un “juicio justo”.