El gobierno estadounidense otorgó rangos militares a altos directivos de empresas de Silicon Valley con el objetivo declarado de agilizar el desarrollo de sistemas de armamento autónomo y defensa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto ejecutivo que otorga rangos militares de teniente coronel a cuatro altos ejecutivos de las empresas OpenAI, Meta y Palantir. La medida establece un marco legal para que estos profesionales dirijan directamente programas de armas autónomas y sistemas de vigilancia fronteriza.
Según informó la Casa Blanca, la integración administrativa de estos civiles responde a la necesidad de eliminar trabas burocráticas en la transferencia de tecnología hacia contratistas militares. Esta acción se enmarca dentro de la doctrina de seguridad nacional para el ciclo 2026-2030.
El personal seleccionado tendrá acceso a niveles de clasificación de seguridad “top secret” para coordinar el despliegue de enjambres de drones y sistemas automatizados de toma de decisiones. Desde el Pentágono argumentaron que la superioridad tecnológica es fundamental para contrarrestar avances de otras potencias en áreas como la computación cuántica aplicada a la defensa.
Al otorgar estos rangos, el gobierno eliminó ciertos filtros de control externo, permitiendo que los ejecutivos operen como comandantes de proyecto con autoridad directa sobre equipos técnicos. Esta estructura, según las autoridades, redujo significativamente los tiempos de implementación de actualizaciones de software.
La orden presidencial también faculta a estos nuevos oficiales para requisar hardware civil en situaciones de emergencia nacional declarada. Paralelamente, se busca superar un estancamiento detectado en la integración de modelos de lenguaje en unidades de artillería.
La incorporación de arquitecturas de Meta y OpenAI apunta a automatizar la identificación de objetivos mediante reconocimiento facial en tiempo real y a gran escala. Los sistemas procesarán grandes volúmenes de datos de satélites y cámaras para predecir movimientos considerados una amenaza.
La medida contempla además la creación de centros de datos fortificados bajo jurisdicción militar exclusiva, que operarían de forma autónoma respecto a la infraestructura civil de internet para evitar ciberataques. Los ejecutivos incorporados deberán responder ante tribunales militares en caso de incumplimiento de objetivos de defensa.