Los votantes del estado estadounidense decidieron este martes una modificación que habilita a la legislatura a rediseñar temporalmente los distritos del Congreso, un tema que ha generado un intenso debate político.
Este martes 21 de abril, los ciudadanos de Virginia participaron en una elección especial para decidir sobre una enmienda a la Constitución del estado relacionada con la redistribución de distritos electorales del Congreso. La pregunta en la boleta electoral consultaba si se debía permitir que la Asamblea General adopte temporalmente nuevos distritos para “restablecer la equidad”, manteniendo el proceso estándar posterior al censo de 2030.
La modificación constitucional habilita al poder legislativo estatal a intervenir en la configuración de los distritos del Congreso en un período excepcional. Actualmente, esa tarea corresponde a una comisión bipartidista que actúa cada diez años, luego del censo nacional. La enmienda permitiría adelantar ese proceso solo si otro estado modifica sus distritos antes de 2031 sin una orden judicial, un escenario ya registrado en Texas y California.
El permiso para rediseñar los mapas tendría un plazo limitado, con vencimiento el 31 de octubre de 2030, momento en el cual volvería a aplicarse el esquema vigente. El resultado de esta consulta podría modificar la composición de la delegación de Virginia en la Cámara de Representantes de EE.UU., que actualmente cuenta con seis representantes demócratas y cinco republicanos.
Los partidarios de la enmienda, entre los que se encuentran dirigentes del Partido Demócrata y figuras como el expresidente Barack Obama, argumentan que es una respuesta necesaria a cambios realizados en otros estados que alteraron el equilibrio electoral. “Esta enmienda les da el poder de igualar las condiciones”, señaló Obama.
Por otro lado, los opositores, que incluyen a dirigentes republicanos como el expresidente Donald Trump y el titular de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, consideran que la propuesta traslada el control de los distritos a actores políticos con intereses partidarios, contradiciendo una reforma aprobada en 2020 que asignaba esta función a una comisión independiente.