El plenario de comisiones firmó dictamen y dejó la iniciativa lista para llegar al recinto en las próximas semanas. La regularización apunta a incorporar al sistema formal un universo amplio de armas que hoy están fuera del radar estatal.
El Gobierno dio un paso clave en el Senado para avanzar con uno de sus proyectos más sensibles en materia de seguridad: la regularización de armas de fuego. El plenario de comisiones firmó dictamen y dejó la iniciativa lista para llegar al recinto en las próximas semanas, con la intención oficial de aprobarla en una sesión a comienzos de mayo.
El respaldo a la iniciativa de La Libertad Avanza alcanzó a todos sus aliados: la UCR, el PRO y bloques provinciales acompañaron el texto, lo que expuso una sintonía política en un tema que suele generar divisiones. Incluso, desde el oficialismo destacaron que las diferencias en minoría no apuntaron al núcleo del proyecto sino a aspectos puntuales.
Detrás del avance hay también una urgencia política: si el Senado no lo trata en el corto plazo, el expediente corre riesgo de perder estado parlamentario y obligar a reiniciar todo el trámite.
La iniciativa combina dos ejes: por un lado, un régimen de regularización para armas no registradas; por otro, la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria hasta diciembre de 2027. El esquema establece un plazo de 360 días para que quienes tengan armas en situación irregular se presenten ante la ANMaC y normalicen su situación. A cambio, se prevé la exención de sanciones penales para quienes no tengan causas judiciales previas.
La lógica del proyecto fue sintetizada por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich: “Más armas registradas significa más control y seguridad”. Y reforzó: “El arma registrada es el arma trazable”. Desde el Gobierno insisten en que no se trata de flexibilizar el acceso sino de incorporar al sistema formal un universo amplio de armas que hoy están fuera del radar estatal.
Según datos oficiales, existen cerca de 800 mil armas en situación irregular, mientras que más de 595 mil corresponden a usuarios con credenciales vencidas. En esa línea, el director del ReNAr, Juan Pablo Allan, planteó el objetivo con una metáfora: “El Estado pide que esa arma que estaba en la oscuridad pase a tener luz”.
El proyecto también introduce cambios operativos: digitalización de trámites, notificaciones electrónicas, reducción de plazos y la incorporación de una “Cédula Azul” digital para la cesión de armas. Según el Gobierno, el nuevo sistema ya permitió reducir costos y mejorar la información disponible para control.
El debate no quedó solo en lo técnico. El oficialismo vinculó la iniciativa con el contexto reciente de amenazas de tiroteos en escuelas y reforzó la idea de que el registro estatal es una herramienta preventiva. Bullrich lo planteó en esos términos: “Cuando un arma está completamente fuera del sistema, se convierte en un riesgo para la sociedad. Si está registrada, el Estado tiene herramientas concretas para controlarla”.
En paralelo, el Gobierno volvió a presionar a las provincias que no adhieren al esquema de coordinación federal —Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa— y pidió avanzar en una política más agresiva contra las armas ilegales. El trasfondo es claro: la estrategia oficial combina endurecimiento discursivo contra el delito con una política de formalización que busca ampliar la base de control estatal.
Un equilibrio delicado que ahora deberá atravesar el filtro del recinto. Si el Senado lo aprueba, el Gobierno convertirá en ley una de sus apuestas centrales en seguridad. Si no, el reloj legislativo puede obligarlo a empezar de cero.